Era un 2 de septiembre de 2022 cuando el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, desde Casa Aguayo, planteó la posibilidad de expropiar locales en dos espacios dedicados a giros negros en la capital poblana: La Cuchilla y la 46 Poniente. La iniciativa surgió luego de la falta de operatividad tanto del gobierno a cargo de Claudia Rivera Vivanco, como posteriormente de Eduardo Rivera, para poner fin a las mafias que se esparcieron en estos espacios.
A casi un año y medio, el tema es nuevamente el centro de las mesas de discusión, con el gobernador Sergio Salomón Céspedes apuntando directamente: ¡No podemos cerrar los ojos! Y un presidente municipal sustituto desmarcándose de la problemática al justificar que se trata de delitos de competencia federal.
En tanto, desde los pasillos del mercado La Cuchilla —espacio identificado por Estados Unidos como el mayor centro de distribución de piratería en el sureste de México—, los locatarios reconocieron que el reforzamiento de la seguridad ocurrió exclusivamente por el cambio de administración en la mesa directiva, mas no por el apoyo de la autoridad municipal.
En este entramado surge también un antecedente: Moisés Ortiz Bracho, presunto aliado político del candidato a la gubernatura por “Mejor Rumbo para Puebla”, Eduardo Rivera, quien funge como presidente del Movimiento de Organizaciones Sociales “Unidad por Puebla” (MOSUP) y es uno de los brazos políticos del panista en diferentes mercados capitalinos, lo que representa una fuerza importante de votos de cara al 2024 y un posible motivo por el que la expropiación no llegó a puerto.
VERGONZOSA PROBLEMÁTICA: MORENA
Según el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez, la problemática de La Cuchilla no es nueva. Antes del fallecimiento del exgobernador Barbosa, se planteó la posibilidad de expropiar La Cuchilla y la 46 Poniente, reconocidos por la venta de autopartes robadas, piratería, narcomenudeo y más.
La gestión de Eduardo Rivera recibió el encargo de establecer una estrategia jurídica, pero la declaración de que era “imposible” debido a supuestos derechos adquiridos de los comerciantes generó inmovilidad.
Rodríguez Juárez apuntó que la expropiación no es tarea sencilla, pero destacó como urgente priorizar el interés social sobre obstáculos burocráticos, dada las circunstancias de que el gobierno de Estados Unidos colocó a La Cuchilla como un punto clave de almacenaje y distribución de piratería al nivel de Tepito, en la Ciudad de México.
Apuntó que la vigilancia y supervisión de estos espacios recae en el gobierno municipal y la Secretaría de Gobernación, quienes no han desempeñado los roles que demanda la ciudadanía para poner en orden a los mercados de la capital poblana, aún cuando estos no sean directamente administrados por la Comuna.
“La vigilancia de este tipo de espacios corresponde en primera instancia al gobierno municipal y a la Secretaría de Gobernación; si el Ayuntamiento hubiera hecho bien su trabajo todos estos años, hubiera alertado a la autoridad estatal y federal de lo que ahí ha estado ocurriendo, a pesar de que ha habido operativos de la Federación y el estado casi siempre, se le alerta con antelación a los vendedores y cuando llega la autoridad federal no encuentra gran cosa”, apuntó.
El morenista recordó que el estudio estadounidense destacó que La Cuchilla no solo es un foco rojo, sino también un lugar donde se almacena y distribuye piratería, un delito del fuero federal, por lo que exigió un diagnóstico inmediato por parte del gobierno municipal y acciones concretas para abordar la problemática.
Por otro lado, manifestó que, desde el año pasado, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, planteó que expendedores callejeros habían incrementado la venta de piratería en el primer cuadro de la ciudad, a la par que denunció que estas actividades se extendieron a otros polígonos de la periferia.
Al respecto, su homóloga de partido, Elisa Molina Rivera, acusó que la falta de asunción de responsabilidad por parte de Adán Domínguez y Eduardo Rivera ha generado un fuerte señalamiento público.
Argumentó que el gobierno panista ha tenido preferencia por tener patrullas estacionadas en tiendas de conveniencia, como OXXO, en lugar de implementar estrategias de seguridad efectivas, lo que ha evidenciado su falta de compromiso en las tareas de seguridad pública.
“No hay estrategia de seguridad, no hay acciones de inteligencia policial, tampoco una preocupación por articularse con los diversos órdenes de gobierno para generar acciones que protejan a la ciudadanía y que combatan el crimen organizado en el municipio”, expuso la regidora.
LOCATARIOS SE DEFIENDEN SOLOS
Al respecto, Verónica Pérez, dirigente de la mesa directiva de La Cuchilla, señaló que durante años, los comerciantes tuvieron afectaciones en el 50 por ciento de sus ventas, lo que afectó a aproximadamente 800 familias que dependen de la actividad comercial.
Admitió que en el pasado hubo problemas con la venta de objetos robados y piratería, pero destacaron que estas prácticas han disminuido significativamente gracias a una reorganización interna.
Junto a un grupo de comerciantes, aseguraron que el mercado está ahora en manos de aquellos que buscan darle una nueva imagen y mejorar la seguridad en la zona, por lo que han implementado rondines de vigilancia, instalado cámaras de seguridad y contratados veladores para proteger el espacio comercial.
No obstante, también exigieron al Ayuntamiento de Puebla mayor presencia y vigilancia en la zona para garantizar la seguridad, toda vez que hasta el momento los esfuerzos han sido únicamente internos.
La mesa directiva hizo un llamado a poner fin a la estigmatización del mercado, al asegurar que la venta de piratería ha disminuido y que el lugar ya no está en manos de delincuentes.
INTERESES ELECTORALES
Otro punto que juega en esta trama es Moisés Ortiz Bracho, líder del Movimiento de Organizaciones Sociales “Unidad por Puebla” (MOSUP), quien ha sido históricamente un colaborador cercano de Rivera Pérez, extendiendo sus influencias desde la Central de Abasto hasta los tianguis de La Curva y Los Lavaderos.
La alianza entre Rivera y Ortiz ha sido tan estrecha que el MOSUP se convirtió en un brazo operador del exalcalde, influyendo en la elección de presidentes auxiliares y apoyando candidatos panistas.
Desde el año 2022, Hipócrita Lector dio a conocer que la expropiación de La Cuchilla y 46 Poniente creó un dilema para Rivera: ¿cómo cumplir con la acción sin perjudicar a su leal aliado?
Con el fallecimiento del exgobernador Miguel Barbosa, la expropiación de La Cuchilla y la 46 Poniente quedó en la congeladora en la lista de pendientes para el gobierno municipal y la problemática se desvaneció momentáneamente para el hoy candidato del Frente.
