Más de 20 auditorías especiales en tiempo real, 700 observaciones a los sujetos obligados de revisión, 423 auditorías, revisión a la ejecución de obras públicas, la presentación de 31 denuncias ante la Fiscalía Especializada y el abatimiento de casi 100 por ciento en las auditorías practicadas a dependencias y entidades fiscalizadas pendientes desde hace años, es el legado que dejó la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta en uno de los pilares de su gobierno: el combate a la corrupción.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Juan Carlos Moreno Valle Abdala, destacó que durante el último año de la administración estatal se interpusieron 41 denuncias en contra de funcionarios del gobierno estatal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El trabajo en el abatimiento de las prácticas irregulares que operaban en los gobiernos pasados provocó una disminución de 8.6 por ciento de la percepción de la corrupción entre los ciudadanos en el último año, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Moreno Valle Abdala destacó que, durante 2022, la dependencia estatal llevó a cabo un total de 482 auditorías a través de sus 23 órganos internos de control, lo que representó un incremento de 96.85 por ciento de revisiones con respecto a lo programado para este año, abatiendo el rezago de ejercicios fiscales de años pasados.
De acuerdo con el programa anual de trabajo de la SFP, se llevaron a cabo 237 auditorías con un monto revisado de 16 mil 906 millones de pesos, de solamente recursos estatales, lo que representa que la dependencia auditó el ejercicio de 100 por ciento de los recursos públicos estatales autorizados para 2022.
“Como resultado de las 426 auditorías concluidas, se determinaron un total de 772 observaciones, de las cuales 644 fueron de carácter administrativo y 128 de carácter económico”, puntualizó durante su comparecencia.
De las auditorías practicadas, en seis de ellas las irregularidades detectadas derivaron en la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) —las cuales no se precisó en contra de que dependencias o actores, debido a que se trata de un proceso en curso—.
Puntualizó que estas denuncias se hicieron siguiendo las instrucciones del gobernador Miguel Barbosa, sobre revisar el ejercicio de los recursos al interior de la propia administración “sin importar el nivel jerárquico de quien cometa un acto de corrupción o lucre con los programas sociales”.
La secretaría dio trámite a 63 expedientes de investigación por posibles actos irregulares u omisiones en el ejercicio de sus funciones, se radicaron 507 procesos de responsabilidad administrativa, de los cuales 396 corresponden a faltas administrativas no graves, 106 graves y cinco de ambos tipos.
Del total de los expedientes, 279 se encuentran en la etapa de substanciación, 52 ya fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ocho están en proyecto de resolución y 168 ya fueron resueltos, sancionando a 40 servidores públicos.
De igual forma, se dio trámite a 31 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado por posibles actos constitutivos de un delito por parte de personas servidoras públicas.
Sobre las auditorías especiales, el funcionario estatal detalló que en 2022 llevaron a cabo revisiones en torno a la deuda histórica del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), para la Estrella de Puebla, el Teleférico y el Hospital Para el Niño Poblano (HNP), donde se revisan los procedimientos quirúrgicos y medicinas compradas para descartar sobrecostos.
También se realizaron cinco auditorías coordinadas con la Secretaría de la Función Pública federal para la revisión del ejercicio de 3 mil 638 millones de pesos provenientes de la Federación, y 21 auditorías directas para auditar un monto de 708 millones 167 mil pesos.
En cuanto a las auditorías especiales solicitadas por el mandatario Miguel Barbosa, Moreno Valle Abdala enfatizó que se llevaron a cabo 23 ejercicios de esta naturaleza, lo que representó un aumento del 130 por ciento de estas prácticas, en comparación con las de 2021 y un incremento del 98 por ciento del monto fiscalizado.
Asimismo, hubo 2 mil 841 visitas de inspección a obras públicas en el estado, alcanzado 80 por ciento de los proyectos, cuyo costo llegaba a los 2 mil 714 millones 977 mil pesos, y mediante el Laboratorio de Control de Calidad de Obra se hicieron 2 mil 961 pruebas a diferentes obras públicas en diferentes ramas.
La SFP de Puebla dio seguimiento a la emisión y actualización de 78 códigos de conducta de entes públicos y se brindó capacitación a 66 mil 207 personas en materia de ética e integridad en el desempeño del servicio público, 62 por ciento más que en 2021.
“Esto ha ocasionado que el estado de Puebla se posicione como la entidad federativa con mayor porcentaje de capacitación en materia de prevención, detección, control, sanción y combate a la corrupción, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022, publicado por el INEGI”, subrayó el secretario.
Moreno Valle Abdala comentó que de 86 dependencias estatales revisadas en su padrón de proveedores, no se ha detectado el uso de alguna empresa facturera; sin embargo, añadió que derivado de esta revisión exhaustiva se realizaron algunos “hallazgos importantes” en dichas empresas contratadas, aunque no reveló más detalles al respecto.
