La corrupción heredada de administraciones anteriores en el penal de San Miguel alcanzó a tres exsecretarios de Seguridad Pública estatal, quienes no solo incumplieron instrucciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta, sino que se beneficiaron del comercio de droga y la prostitución que ahí se ejercía hasta el pasado 30 junio, cuando fue destruido por completo “El Pueblito”.
Al inicio de su gobierno, Miguel Barbosa recibió el penal de San Miguel con irregularidades que fueron solapadas durante varios años por los exgobernadores Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, como la edificación de una pequeña ciudadela a la que se le conoció como “El Pueblito”.
Este complejo de cuartos y departamentos, algunos equipados con lujos, se había convertido en un espacio residencial para los delincuentes que podían pagarlo. A decir del gobernador “unos que están llegando detenidos o ya fueron detenidos preguntaban ‘¿y dónde está mi suite?, ¿dónde está?’”, pues esta zona brindaba privilegios y protección a líderes de bandas delincuenciales capturados por la actual administración.
El gobernador recriminó que tres de sus exsecretarios de Seguridad Pública lo desobedecieron y no procedieron a la destrucción de “El Pueblito” y, por el contrario, se aprovecharon de la situación que prevalecía en el penal.
Antes de Daniel Iván Cruz Luna, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), estuvieron al frente de la dependencia Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya, este último dejó el cargo al actual secretario en medio del escándalo por el hallazgo del cuerpo de un bebé en el penal el pasado 10 de enero.
“Todos los que han sido mis secretarios de Seguridad Pública me desobedecieron, me engañaron, porque yo los instruí a la destrucción, y todos me dijeron que estaban destruidos, que ya lo habían hecho, pero no lo habían hecho; eso lo hicieron los tres, ya para qué digo los nombres, unos más aberrantes que otros, pero los tres vinculados a los beneficios de la existencia de estas construcciones”, reveló el mandatario.
Fue después de la gestión de Raciel López –quien estuvo en el cargo del 28 febrero de 2020 al 9 de abril de 2021– cuando el gobernador denunció que en el penal de San Miguel se rentaban cuartos y departamentos en 2 mil 500 pesos a los reos que podían pagarlos.
Además, en este complejo habitacional, existía la venta de droga al menudeo y se ejercía la prostitución, actividades que fueron solapadas por mandos medios y altos del penal con la complacencia del entonces titular de la SSP, quien provenía del estado de Chiapas y trajo a Puebla a un equipo suyo de colaboradores a los que el gobernador se refería como el grupo de “Los Chiapanecos”.
El gobernador lo destituyó en medio de señalamientos de corrupción al interior del penal de San Miguel, acusando la desaparición de expedientes de peligrosos delincuentes y hasta la alteración de tecnología que adquirió el gobierno estatal, como identificadores biométricos y cámaras de seguridad en el penal que fueron desconfigurados.
“Me di cuenta de que algo no estaba bien cuando vi que las instrucciones que yo daba, él las valoraba para decidir si las cumplía o no, porque eso es lo peor que le puede pasar a un servidor público. Me vinieron a ver la cara de pendejo que es lo peor, yo los invité a ser integrantes de un gobierno honesto, no de rateros, así de sencillo”, dijo.
En junio del año pasado, el gobernador informó sobre la existencia una denuncia penal por la construcción de “El Pueblito”, y que éste ya había sido derruido “piedra por piedra” y que se trataban de edificaciones formales, hechas con tabique, techos bien construidos, servicios de baños, televisión y camas.
Sin embargo, el pasado viernes el mandatario informó sobre la existencia de más de cien cuartos que no habían destruidos como le habían informado, pero que finalmente quedaron destruidos el pasado 30 de junio.
Foto.- José Castañares/EsImagen!!
“Ayer (jueves 30 de junio) concluyó por fin, la destrucción de ‘El Pueblito’; me habían ido cambiando las cifras y ahora resulta que había más de cien cuartos, departamentos, gimnasios, todos esos que a lo largo de los años se fueron construyendo, allá adentro del reclusorio de San Miguel como espacios de privilegio, de prostitución de venta de droga”, informó Miguel Barbosa.
Detalló que los últimos trabajos que se realizarán en el lugar será el retiro de varillas que aún continúan como parte de la cimentación de las construcciones, para dar paso a obras de ampliación del penal con la construcción de espacios como dormitorios y comedores para más de mil reclusos, como parte, dijo, de los más de mil millones que su gobierno invertirá en reclusorios del estado.
