Un Poder Judicial en Puebla que no ha podido garantizar la procuración e impartición de justicia al tener una tasa de impunidad del 98.6 por ciento, con una resolución de apenas el 34 por ciento de los asuntos ingresados por sus órganos jurisdiccionales, además de estar en las últimas posiciones en el país en cuanto a las mediciones de consolidación del Sistema de Justicia Penal, es el balance del trabajo desempeñado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, a más de cuatro años de haber asumido el cargo.
La actuación del Poder Judicial al reclasificar el delito de violación para liberar a Raúl N, padrastro de una joven de 14 años llamada Andrea Mireli, de quien abusó sexualmente, fue solamente la punta de lanza de una serie de vivencias de impunidad que han sufrido miles de familias poblanas en la búsqueda de justicia.
El coto de dominio dentro del Poder Judicial de Puebla se encuentra además acaparado por magistrados panistas que llegaron a las oficinas de este ente bajo el cobijo del exgobernador fallecido Rafael Moreno Valle y que además, ostentan los 20 cargos públicos más importantes con cargo a la nómina que en conjunto suman más de 2 millones de pesos.
Pero los millonarios salarios de operadores panistas allegados también al exmandatario Antonio Gali Fayad, no se han visto reflejados directamente en los resultados para garantizar el acceso a la justicia en la entidad.
Las cifras develan parte de esa realidad en diferentes estudios: la Asociación México Evalúa, por ejemplo, señala que Puebla se ubica en el lugar número 22 del Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sostiene que de los 46 mil 114 asuntos ingresados por el TSJ, sólo 15 mil 712 fueron concluidos por la autoridad, es decir, apenas el 34 por ciento del total.
En tanto que organizaciones internacionales como World Justice Proyect apuntan al mismo panorama y es que, en cuanto a la evaluación del índice de estado de derecho, Puebla se encuentra en la penúltima posición nacional al momento de revisar aspectos como la corrupción, gobierno abierto, justicia civil y penal, entre otros.
EN EL HOYO E IMPUNIDAD
Uno de los estudios más enfáticos en cuanto al trabajo realizado por el Tribunal, es el denominado “Hallazgos 2020, Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, dado a conocer en el último trimestre del año pasado con cifras de 2020 por México Evalúa. Aquí se refleja que Puebla se ubicó en el Top ten de estados con el mayor índice de impunidad y peor grado de efectividad.
Sólo después de Puebla, los estados que registraron las cifras más altas de impunidad fueron Guerrero con el 99.5 por ciento, Chihuahua con el 99.1 por ciento, Aguascalientes 98.9 por ciento e Hidalgo con el 98.7 por ciento.
El ritmo de impunidad en la entidad poblana desde la llegada de Héctor Sánchez al TSJ ha ido en ascenso. El mismo estudio arroja que en 2018, año en el que llegó al cargo, el Índice de Impunidad era del 90 por ciento, un año después subió al 94 por ciento y para 2020 ya era del 98.6 por ciento, lo que significa que la entidad se posicionó muy por encima de la media nacional.
De la mano con el rubro de impunidad, Puebla ocupó ese mismo año el lugar 22 del Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, en el que México Evalúa estableció un estándar mínimo a alcanzar de mil puntos, siendo el estándar ideal de mil 100 puntos, pero Puebla obtuvo una calificación de sólo 411 puntos, es decir, apenas el 37.36 por ciento de la meta ideal.
Por otro lado, a nivel nacional el promedio de agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes fue de 3.9 por ciento, pero Puebla obtuvo una calificación de sólo el 1.6 por ciento, lo que ubicó a la entidad en la posición número siete de los peores calificados.
Situación similar ocurre con los peritos del TSJ: a nivel nacional el promedio es de 9.7 por cada 100 mil habitantes, pero en Puebla el promedio fue de sólo cuatro, por lo que ocupó el último lugar en el país en esta medición.
A la par, Puebla incrementó en 2020 sustancialmente su tasa de congestión ministerial, es decir, la carga laboral debido a la falta de determinaciones. De tener una tasa de 47.3 por ciento en 2019, para 2020 incrementó a 76 por ciento.
BAJO ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO
Otro estudio que comprobaría la poca efectividad del Poder Judicial a cargo de Héctor Sánchez es el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 de la asociación internacional World Justice Proyect, cuya medición arroja que Puebla es el segundo estado con el peor puntaje de .35, sólo después de Quintana Roo que obtuvo una calificación de .34.
La asociación, de 2018 a 2021 no registró ningún avance o retroceso en cuanto al sub-factor 8.4 llamado “debido proceso”, el cual mide la presunción de inocencia, la ausencia de discriminación, el trato digno, la defensa adecuada y el acceso a un juicio justo e imparcial.
No obstante, sí hubo una disminución en el sub-factor 8.2, que de forma general mide la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia.
Además, durante 2020, el Poder Judicial tampoco demostró efectividad al momento de concluir asuntos. De ahí que ingresaron 46 mil 114, pero sólo finalizaron 15 mil 712 en sus órganos jurisdiccionales en materia familiar, civil, mercantil, penal y justicia para adolescentes.
A todo esto se suma que, de acuerdo con un reportaje de Contralínea, Héctor Sánchez Sánchez cuenta con su propio cuerpo de abogados con los que litiga asuntos civiles, mercantiles y penales y a la vez laboran en el interior del Poder Judicial, lo que significaría un velado tráfico de influencias y nepotismo.
Algunos de estos abogados, según el reportaje son: José Fernando Guzmán Zárate, Julio César Ramírez y Villafaña, Tirso Sánchez de la Calleja y Pedro López Palacios, aunque también, presuntamente trabajaría asuntos penales con Antorcha Campesina a través de otros personajes como Sergio Reyes Ramírez, Mauricio Campos Ortiz y Natalia Lucero Méndez Pérez, la mayoría con vínculos directos con el panismo poblano.
