El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, negó la falta de atención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las juntas auxiliares de San Miguel Canoa y La Resurrección, cuyos vecinos anunciaron este lunes la posibilidad de implementar un toque de queda para protegerse de la inseguridad.
Según el edil, el gobierno municipal tiene una “estrecha colaboración” con los presidentes auxiliares de las dos demarcaciones; sin embargo, algunos de ellos han denunciado en distintos momentos la falta de patrullas, la concurrencia en el número de embolsados que son arrojados en campos baldíos y que inclusive policías municipales están coludidos con delincuentes.
Rivera Pérez aseguró que Canoa y La Resurrección están blindados con operativos en comercios por parte de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, con retenciones de delincuentes y patrullajes periódicos.
“Hay una coordinación directa de la Secretaría de Gobernación con los presidentes auxiliares, específicamente de Canoa y la Resurrección, las personas que hicieron el pronunciamiento ayer en la rueda de prensa, estamos en disposición de ponernos a sus órdenes para dialogar, pero estamos trabajando de manera coordinada con los presidentes auxiliares”, indicó el edil.
Distintos han sido los momentos en que ediles auxiliares han denunciado falta de seguridad. Por ejemplo, el 3 de junio de 2022, en un acto encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, el presidente de la demarcación, Carlos Guerrero Núñez, declaró que la inseguridad era un problema frecuente en esa zona del sur e incluso aseguró que entre cinco y seis cuerpos eran arrojados diariamente en toda la Angelópolis.
De acuerdo con Guerrero Núñez, la situación se agravó en los últimos meses, principalmente porque personas provenientes de la Ciudad de México arrojaban los cadáveres de sus víctimas en dicha zona y de paso cometían asaltos a transeúntes a bordo de motocicletas.
Un mes después, tras su declaración, la cual se hizo pública en medios de comunicación, lo que puso en la picota al alcalde Eduardo Rivera, el presidente auxiliar cambió radicalmente el discurso: “todo está perfecto, nada ha sucedido”, dijo a pregunta expresa sobre si “mágicamente” la demarcación dejó de sufrir tiradero de cuerpos.
Los propios ediles auxiliares han sido víctimas de la delincuencia. Por ejemplo, Héctor Coba Carvajal y su esposa fueron hospitalizados en julio de este año, luego de que fueron atacados por sujetos desconocidos en su vivienda.
En septiembre de este año, el edil de San Miguel Canoa, Ruperto Pérez Lima, también declaró que la demarcación sólo cuenta con dos elementos de seguridad y una patrulla para resguardarlos.
En tanto, Juan Manuel Colín, de San Baltazar Campeche, aseguró en abril que la inseguridad en la ciudad de Puebla rebasó a las autoridades municipales, sobre todo por delitos como robo a transeúnte y a casa habitación.
Su declaración surgió luego de que un fotógrafo llamado Alan Torrentera y su sobrina fueron asesinados en su domicilio ubicado cerca de la zona conocida como La Coyotera, considerada un foco rojo por la falta de vigilancia.
“Es necesario que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ataque con algunas estrategias esos puntos. San Baltazar, en la cabecera hay una zona que lo conocemos como la Coyotera que lo hemos marcado como punto rojo, muy cerca de ahí donde asesinaron a los jóvenes (…) Tenemos un tema de inseguridad en la mayoría de nuestro municipio, la secretaría se tiene que poner a trabajar muy fuerte, yo creo que lo están haciendo”, dijo Juan Manuel Colín durante un evento de entrega de obra donde asistió el propio alcalde Rivera.
La inseguridad en las juntas auxiliares de la capital poblana ha llevado a pobladores indígenas de Canoa y La Resurrección a advertir que podrían aplicar un toque de queda e implementar medidas estrictas para protegerse de la inseguridad, como la colocación de plumas de acceso y entregar identificaciones a los habitantes ante la falta de respuestas por parte de la Comuna.
