A pesar de que, tanto diversos colectivos poblanos como el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ” de la Universidad Iberoamericana Puebla han indicado que los operativos aleatorios a transeúntes son violatorios de derechos humanos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez insistió en que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continuarán con las revisiones para disminuir la incidencia delictiva.
Según el munícipe, los operativos a transeúntes han permitido identificar a diversos jefes de bandas dedicadas narcomenudeo y decomisar armas de fuego; sin embargo, no informó cuántas personas han sido detenidas por cometer actividades ilícitas derivado de estas intervenciones.
Aún con el anuncio, el edil no descartó la posibilidad de que los elementos de seguridad puedan tener conductas de abuso de autoridad, por lo que la única solución que brindó ante este tipo de problemas fue que los agraviados se acerquen a la Contraloría municipal para levantar una queja.
“Quiero ser claro: si algún policía agente se llegara a pasar de sus facultades o llega a causar una molestia, agravio de manera inadecuada les pido lo denuncien y el gobierno de la ciudad no tolerará actitud irregular o fuera de la ley en los operativos que realizamos”, indicó.
Según Rivera Pérez, la Comuna no estará esperando a los delincuentes “en el café de la esquina”; no obstante, los operativos no han incidido en una baja en la incidencia delictiva, toda vez que hasta octubre se registró un incremento de 11.9 por ciento en el número de delitos en la Angelópolis.
Desde agosto, Rivera Pérez rechazó que la policía municipal tenga actos de discriminación en dichos operativos por raza, aspecto o color de piel, luego de que el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ” de la Universidad Iberoamericana Puebla indicó que se trasgredían los derechos de los ciudadanos.
A decir de Tadeo Luna, responsable de Seguridad y Justicia en dicho instituto, la estrategia del Ayuntamiento de Puebla de revisar a transeúntes de forma aleatoria para encontrar armas, drogas o ubicar a delincuentes con antecedentes, es inconstitucional y va contra el artículo 16 de la Constitución Mexicana, el cual sostiene lo siguiente:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Según el portal El Ciudadano, Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, indicó que la detención de personas sin una sospecha razonada o en flagrancia va en contra de los criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), por lo que serían ilegales.
“Sí nos informan vamos a hacer el operativo tal, pero el hecho de que nos informe la secretaría eso no significa que nosotros estamos avalando, nosotros no avalamos ese tipo de situaciones y lo saben ellos”, aseveró.
