La vinculación a proceso del dirigente municipal del PAN, Jesús N., no fue un caso fortuito. Contra él pesan 35 testimonios de empleados o exburócratas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) que declararon no haber recibido en los planteles que representaban, obras y servicios por un monto global de 30 millones 137 mil 452 pesos por conceptos variopintos.
En la audiencia de vinculación a proceso que se extendió hasta las 3:30 horas de la madrugada de este martes, el juez de control Francisco Javier Martínez Castillo, hizo un recuento de las pesquisas desarrolladas a lo largo de más de tres años contra Jesús N. por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento, a su paso por el Conalep, en el año 2018.
Entre la información, el juez nombró al menos 35 testigos que declararon que en ningún momento recibieron equipo para los planteles como material eléctrico, lámparas fluorescentes, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, suministro de pintura o equipo de cómputo como teclados y mouse.
A la par, puntualizó que hay pruebas suficientes para precisar que Jesús N. dio contestación a oficios en los que solicitó ampliaciones presupuestales por 30.1 millones de pesos, recursos con los que se hicieron pagos a proveedores por los servicios que no se habrían ejecutado.
La vinculación por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento, incluyó observaciones en las que se señala que Jesús N., junto con el subcoordinador de Planeación del Presupuesto en el Conalep, Octavio Mancilla Chávez, eran los únicos que aparecían como titulares de la cuenta bancaria con la que se realizaron los pagos en 19 contratos.
Peor aún: Jesús N. habría incurrido en una flagrante violación a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, toda vez que no se pidió la aprobación de la junta directiva del colegio para solicitar la ampliación presupuestal de 30.1 millones de pesos en el año 2018.
Esta información y más, fue brindada por las agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Antonia Vásquez Torres y Adalit Lozada Aguilar, durante las audiencias de imputación y vinculación a proceso celebradas en Casa de Justicia de la 11 Sur.
35 TESTIGOS, CERO OBRAS
Previo a dictar la vinculación a proceso de Jesús N., el juez de control enlistó al menos 35 testimonios de personas que en su mayoría, dijeron no haber recordado la entrega de las obras y servicios en la gestión de Jesús N. a su paso por el Conalep.
Directivos y jefes de área del colegio se vieron sorprendidos, luego de que en las actas de entrega-recepción que les mostró el Ministerio Público (MP), encontraron que la rúbrica que se encontraba encima de su nombre no pertenecía a la de ellos, mientras que las fotografías sobre las supuestas obras realizadas, no pertenecían a las instalaciones a su control.
Entre los casos se encontró el de Elsa María Brito, directora del Conalep, plantel Chipilo, quien al ser entrevistada en el año 2020 por peritos de la Fiscalía, declaró que la firma de los contratos para el servicio de mantenimiento al campo deportivo, suministro y aplicación de pintura vinílica, así como las rehabilitaciones del plantel Puebla II y Chipilo no eran de ella, lo mismo que negó haber comparecido en el acta de entrega-recepción de esos convenios.
La directora del plantel, en su interrogatorio, sostuvo que nunca tuvieron lámparas del tipo que se compraron, así como desconoció que hubiese una campaña de promoción de la oferta educativa en los campus de Chipilo, Coronango y Teziutlán.
A la misma conclusión llegó José Antonio Urúa Santos, jefe de departamento de informática del plantel Chipilo, quien declaró que el suministro de pintura y la compra de lámparas fluorescentes nunca llegó entre diciembre de 2017 y enero de 2018, como lo dicta el contrato, ni tampoco hubo un mantenimiento a los sanitarios.
En Teziutlán, Israel Cadena Suárez, director de plantel, observó las fotografías de supuestas remodelaciones y su respuesta fue similar: estas no eran del campus, máxime que las ventanas no coincidían con las imágenes, las fachadas eran de ladrillo y en ningún momento hubo autorizaciones de partidas para colocar espectaculares.
Ricardo Barrientos, jefe de informática, y Miguel Ángel Santos Viveros, jefe de proyectos de vinculación e infraestructura del mismo plantel de Teziutlán, tampoco reconocieron un mantenimiento preventivo de instalaciones en 2018, lo mismo que no cuentan con red inalámbrica ni antenas como supuestamente se pagó y las fotos de material eléctrico de dos planteles no coincidían con lo mostrado por los peritos.
El director del plantel Calipam del Conalep, Roberto Aquino Bolaños, añadió más suspicacia al caso, al denunciar que observó barrotes y herrería que no eran las mostradas en fotografías que supuestamente recibieron adecuaciones, mientras que su firma donde supuestamente firmó de entrega era falsa, inclusive con su nombre mal escrito.
Eugenio Valiente y Alex Isidro Olmos, también de Calipam, agregaron que los mantenimientos preventivos siempre han sido internos, ejecutados por los mismos responsables de área de la institución, además de que estructuras, pasillos, jardines y fachadas presuntamente rehabilitadas no coincidían con las fotografías. El segundo sujeto en mención, incluso, declaró que es vecino de la zona y una barda perimetral no era del plantel.
Otras declaraciones fueron de José Mora Hernández y Miguel Ángel Verástica, ambos encargados de despacho del plantel Tehuacán, así como José Luis Cervantin, quienes rechazaron que las fotografías fueran del plantel y en el caso de Verástica, nunca firmó un acta de entrega-recepción.
En plantel Puebla 1, el director José Justo Gallegos desconoció la rúbrica del contrato y un presunto empastado de las canchas deportivas del campus, toda vez que este ni siquiera lo tenía en su totalidad como se hizo creer en la comprobación de los bienes.
David Juárez Espinoza, como encargado de la jefatura de informática del Conalep de San Martín Texmelucan, coincidió que no hubo ninguna entrega de equipos de cómputo y en el caso de Marley Pérez Blanca, una firma apócrifa con su nombre apareció hasta en seis ocasiones.
En esencia, las pesquisas de la Fiscalía de Puebla arrojaron que las fotos que se presentaron en actas de entrega-recepción para justificar los gastos pertenecían a otros planteles, con lo cual se desconoce el destino de los 30.1 millones de pesos que se otorgaron al Conalep bajo la dirección general de Jesús N.
Es entonces que el juez de control otorgó al imputado un plazo de tres meses para la investigación complementaria que vencerá el próximo 20 de mayo y entonces, se conocerá si el dirigente panista podrá recibir una sentencia. El MP no descartó que, en este entramado de irregularidades, podría haber más involucrados.
