La reforma al Poder Judicial en Puebla será votada a favor por parte de la diputada local Mónica Silva Ruiz, esposa del magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez, quien había iniciado un complot contra la medida al buscar el respaldo de otros magistrados para presentar una acción de inconstitucionalidad.
La diputada petista negó que exista conflicto de interés en la discusión de la reforma al ser esposa del presidente del TSJ, por lo que confirmó que su voto será a favor en cuanto se presente en el Pleno del Congreso local.
Silva Ruiz aseguró que la decisión incluso ya se la hizo saber al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en una reunión que celebraron hace algunos días y que será desde la Comisión de Gobernación, de la que forma parte como podrá conocer a fondo la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
La legisladora manifestó que no existe conflicto de interés, toda vez que la propuesta no establece decisiones sobre servidores públicos específicos, sino que tiene la intención de solidificar a la institución.
“Responde a una finalidad y a una necesidad que todas y todos tenemos, que el Poder Judicial como absolutamente creo que todos los poderes, no solamente en nuestra entidad sino a nivel nacional, deben ir avanzando hacia institucionalizar también la cuestión de no corrupción”, declaró a ambas manos.
La reforma al Poder Judicial, entre otras cosas, busca que en casos de denegación de justicia, incumplimiento doloso o conflicto de interés, puedan ser destituidos de su cargo los magistrados a través del Congreso local.
Las modificaciones implican también la creación de la figura “responsabilidad patrimonial del estado por error judicial” consistente en pagar compensaciones a personas afectadas por errores de magistrados y jueces, además de que los servidores públicos también tendrán prohibido reunirse afuera de instalaciones públicas para dirimir casos judiciales.
La reforma al Poder Judicial se da luego de que Héctor Sánchez Sánchez sostuvo reuniones secretas con emisarios del exgobernador José Antonio Gali Fayad, además de que fue evidenciado por una mujer que denunció violencia vicaria y violación a su hija, pero el Poder Judicial en la región de Huauchinango cambió la tipificación del delito que se le imputó al victimario y le permitió salir libre bajo caución.
Aun con este antecedente, el presidente del TSJ cometió otro yerro más al convocar a una reunión presencial con los magistrados del pleno para impulsar una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma enviada por el gobierno estatal, pero tras ser evidenciado por sus intenciones, tuvo que respaldar la iniciativa y alinearse al gobernador Miguel Barbosa al igual que su esposa.
