La tensión diplomática entre México y Ecuador se agravó este fin de semana, luego de que el gobierno ecuatoriano afirmara haber recibido amenazas por parte de presuntos sicarios vinculados al crimen organizado mexicano. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como “infundadas” y carentes de sustento.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, denunció públicamente la existencia de amenazas contra su gobierno provenientes de grupos delictivos con presuntos vínculos internacionales. Estas declaraciones encendieron las alertas diplomáticas en la región, reavivando el conflicto que se originó a principios de abril, cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado por el gobierno mexicano.
A través de un comunicado, la cancillería mexicana reiteró su postura de no intervenir en asuntos internos de otros países y exigió respeto a la soberanía y las normas del derecho internacional. Asimismo, reafirmó que la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador —decidida tras la violación a la inmunidad diplomática de su embajada— se mantiene firme, y que cualquier acusación debe ser tratada en instancias multilaterales.
Por su parte, diversos expertos en relaciones exteriores han señalado que el señalamiento ecuatoriano sobre posibles amenazas provenientes de México carece de pruebas documentadas y podría responder a una estrategia interna del gobierno de Noboa para fortalecer su discurso contra el crimen organizado, en un contexto de creciente violencia en ese país.
Desde la ruptura diplomática, ambos países han sostenido sus posturas en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). México busca que Ecuador se responsabilice por la violación al derecho internacional que implicó el ingreso forzado a su embajada, mientras que Quito insiste en que actuó para evitar que un criminal evadiera la justicia.
El caso se ha convertido en uno de los más complejos en la historia reciente de las relaciones entre dos países latinoamericanos y podría tener repercusiones mayores si no se logra un diálogo mediado por organismos internacionales.
