Durante la más reciente audiencia del caso relacionado con el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón, realizada el miércoles 2 de octubre, quedó evidenciada la Fiscalía por su falta de pericia en el juicio, ya que, debido a su omisión de no haber subsanado deficiencias en su escrito de acusación y auto apertura a juicio, no se pudo incorporar un medio de prueba, mismo medio de prueba que en el auto apertura a juicio no se encontraba debidamente acreditado, lo que dio como resultado no tenerla por desahogada.
Hay que decir que en dicha audiencia de juicio se suscitó un evento inaudito. Y es que en la audiencia pasada —de fecha 29 de septiembre—, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó el resguardo de un indicio consistente en una USB que en su interior contiene videograbaciones. Ese indicio supuestamente fue llevado a la audiencia realizada el 2 de octubre, pero lo que venía en el sobre era algo muy distinto, pues el contenido de la USB era totalmente ajeno al que se había ordenado su resguardo. Esto, a juicio de expertos entrevistados, está generando incertidumbre en las dos partes involucradas en el juicio, una vez que habla de manipulación y alteración de los citados indicios. Tras lo ocurrido, la autoridad judicial decretó una pausa —misma que se extendió hasta entre cuatro y cinco horas— y provocó que se diera vista al Consejo de la Judicatura y al Órgano de Control Interno en aras de deslindar responsabilidades acerca de quién o quiénes habían tenido en su poder dicho indicio.
Expertos consultados señalaron que esta situación resulta delicada y puede traer acciones legales contra funcionarios del Poder Judicial del Estado. Además de que el propio Tribunal de Enjuiciamiento, en franca violación al debido proceso, ha permitido el desahogo de pruebas que no se ajustan a lo ordenado en el auto apertura a juicio, auto rector del procedimiento.
Esto genera, en consecuencia, un sesgo de parcialidad del Tribunal de Enjuiciamiento al órgano acusador (MP) y un desequilibrio entre las partes. Violaciones que pudieran ser materia de reposición al ser revisadas por un Tribunal de Alzada o, incluso, un Tribunal Colegiado Federal en juicio de amparo directo.
Incluso, la abogada Helena Monzón, hermana de la víctima, compartió su sorpresa en su cuenta de X al final de la audiencia:
“Me he quedado de piedra ante el nivel de negligencia del Poder Judicial de Puebla en el resguardo de la prueba del caso.
“Un error GRAVE, que no puede volver a ocurrir, la autoridad debe ser responsable”.
