Al menos 28 indígenas acusados de cometer delitos menores, fueron liberados tras cubrir el pago por la reparación del daño a las víctimas con la aportación económica del gobierno del estado, informó el director del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), Rafael Bringas Marrero.
Como parte de la estrategia que a nivel federal impulsa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la administración que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina apoya a presos indígenas que cometieron delitos no graves, a través de la Dirección General de la Defensoría Pública.
Rafael Bringas explicó que los defensores de oficio se encargan de hacer un análisis colegiado para constatar que se haya llevado el debido proceso judicial para las personas que sean candidatas a recibir el apoyo.
Este apoyo no aplica para quienes se encuentren sujetos a proceso penal por los delitos de violación, violencia intrafamiliar y aquellos que afecten los intereses de la comunidad, así como para reincidentes. Las multas por embriaguez o faltas que atenten contra las buenas costumbres, la moral y la libertad sexual, tampoco será susceptibles de apoyo.
Lo anterior según el trámite INPI-00-003-A del programa de Derechos Indígenas del Instituto, el cual tiene la finalidad de fortalecer la cohesión social y la estabilidad comunitaria. El monto de apoyo no deberá superar los 60 mil pesos.
El funcionario estatal informó que actualmente existen más de 250 indígenas que se encuentran en cárceles poblanas, sin embargo, de esa cifra, solo 28 han podido recibir el apoyo, entre ellas se encuentran tres mujeres.
Bringas Marrero abundó que la mayoría de los casos provienen de comunidades pertenecientes a municipios de la Sierra Norte de Puebla, como Zacatlán, Huauchinango, así como de la región totonaca de Huehuetla.
Según el procedimiento, explicó, una vez que se realiza la solicitud de apoyo ante el Instituto, la Defensoría Pública presenta varios incidentes ante el Juez de Ejecución de Sentencias, quien deberá requerir el pago por concepto de reparación del daño a las posibles víctimas, así como el pago de multas, pues para obtener la libertad condicional se proporcionará 50 por ciento de la pena compurgada y para la libertad anticipada de 70 por ciento de la pena.
Una vez cubierto el depósito por la reparación del daño, es el juez de Ejecución el que determina la libertad del preso, indicó. La mayoría de las personas indígenas que han obtenido su libertad en lo que va de la administración, se encontraban preso por cometer delitos como robo, agresiones, riña, por lo que en ocasiones el pago de reparación del daño es de 3 mil pesos que no alcanzan a cubrir las personas en esta condición.
El director del IPPI indicó que el organismo cuenta con intérpretes y traductores debidamente capacitados para que funjan como auxiliares en los procesos penales en los que están involucradas personas indígenas.
“Hay dos cosas que tenemos que garantizar, una es que cuando son originarios de comunidades indígenas se le asigne un traductor. Y cuando es recluida una persona, se realiza una encuesta con pertinencia cultural porque hay personas que no podemos identificar”, comentó.
En diciembre del año pasado, el gobierno del estado evaluó a 22 hablantes de lenguas originarias de la entidad a fin de certificarse en el ámbito de procuración y administración de justicia, esto como parte de las acciones enmarcadas en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO.
