La recién promulgada Ley de Ciberseguridad en Puebla no pretende coartar libertades ni censurar opiniones, sino cerrar la puerta a la impunidad de los delitos cometidos en entornos digitales.
Así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien manifestó que esta legislación no está dirigida a medios de comunicación ni a ciudadanos críticos, sino a quienes utilizan las tecnologías para dañar, lo que calificó como ciberdelincuentes.
El mandatario señaló que con esta ley se busca frenar delitos como el acoso virtual, la extorsión mediante secuestro de sistemas informáticos y el engaño a menores a través de redes sociales, prácticas que han aumentado sin consecuencia legal por la falta de un marco jurídico claro.
“Los medios no son delincuentes; al contrario, son promotores de la comunicación y el derecho a la información, ustedes son guardianes de la libertad de expresión y nuestra obligación es defender sus derechos, no limitarlos. Así que no es censura”, apuntó.
Por su parte, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, respaldó los señalamientos del gobernador y aportó cifras que revelan la magnitud del problema: Puebla ocupa el quinto lugar nacional en denuncias por ciberdelitos y en los últimos meses se han registrado mil 500 carpetas de investigación, sin que ninguna haya sido judicializada directamente por este tipo penal.
También desmintió versiones que aseguran que con esta ley se limitará la crítica a funcionarios públicos o se obstaculizarán procesos legales como el reclamo de pensiones alimenticias a través de redes sociales.
García Parra manifestó que los ataques digitales pueden llegar a consecuencias tan graves como el suicidio infantil derivado de casos de acoso escolar en línea, por lo que respaldó la aprobación de la ley para enfrentar estas amenazas.
“Tenemos obligaciones de transparencia y si un funcionario o funcionaria pública de cualquier nivel, municipal, estatal o federal no cumple con su responsabilidad y obligación, se le puede señalar su falta de resultados, su incapacidad, su omisión, su complicidad o su corrupción en dado caso. Eso no tiene nada que ver con esta ley, debe de quedar muy claro, todas y todos los servidores públicos estamos obligados a rendir cuentas”, declaró.
