La lucha por justicia de la familia de Cecilia Monzón dio un paso importante este lunes, cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de San Andrés Cholula desestimó el amparo solicitado por la defensa de Javier López Zavala (Javier N.).
El expriista había intentado frenar el juicio oral en su contra por el feminicidio de la activista, ocurrido en mayo de 2022. Este revés judicial deja claro que el camino hacia la justicia para Cecilia Monzón sigue adelante, pese a los esfuerzos de obstaculización que han retrasado el proceso durante casi tres años.
La resolución de este amparo, que tardó dos meses en resolverse, se suma a los siete meses de retraso previos en la fase inicial del proceso, por lo que se despeja el camino para que el juicio oral, que estaba pendiente desde agosto de 2023, finalmente se lleve a cabo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la familia de Cecilia Monzón ya han dejado claro su objetivo: solicitar que se condene a Javier N. como autor intelectual del feminicidio y a los otros dos acusados, Jair N. y Silvestre N., como autores materiales. Es decir, de ser encontrados culpables, los tres podrían recibir 60 años de prisión, la pena máxima por feminicidio, según el Código Penal de Puebla vigente al momento de los hechos.
Helena Monzón, hermana de Cecilia, publicó un emotivo video en sus redes sociales en el que destacó que la resolución del Tercer Tribunal Colegiado representaba el último intento de Javier N. por lograr un sobreseimiento del caso.
Helena llamó a la Fiscalía a cumplir con su responsabilidad y aseguró que, por fin, el caso debe llegar a juicio, pero con el compromiso de garantizar que se desarrolle con plena perspectiva de género y respeto a las garantías procesales.
“Vamos a juicio, por fin, lo hemos logrado y toca que la Fiscalía haga bien su trabajo, pero sobre todo toca que tengamos un juicio con garantías procesales y con perspectiva de género, y que nos den un tribunal colegiado que haga las cosas bien”, expresó.
Cecilia Monzón Pérez, abogada y defensora incansable de los derechos de las mujeres, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta la atacaron a balazos mientras conducía su camioneta.
Las investigaciones apuntaron a Javier N., excandidato a la gubernatura de Puebla en 2010, como el autor intelectual del crimen. Por otro lado, los otros dos implicados, Jair N. y Silvestre N., fueron identificados como los autores materiales del asesinato. El móvil del crimen estaría relacionado con una disputa de pensión alimenticia, ya que Cecilia había acudido un día antes de su muerte a la Fiscalía para demandar a Javier N. por el incumplimiento en el pago de la pensión de su hijo.
Desde el inicio del proceso judicial, la familia Monzón ha enfrentado una constante serie de obstáculos. La defensa del político ha interpuesto múltiples amparos con el fin de retrasar el juicio, utilizando estrategias legales que han incluido la revictimización de Cecilia.
Estos amagues de dilación han sido interpretados como un intento deliberado de evitar que se haga justicia por su muerte.
No obstante, la reciente resolución judicial que desestimó uno de estos amparos marca un punto de inflexión, confirmando que, a pesar de las maniobras legales, el caso finalmente continuará su curso.
El asesinato de la activista causó una fuerte repercusión en diversas instancias nacionales e internacionales. El Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, entre otros, se pronunciaron en contra de este crimen y en favor de la justicia.
A raíz del homicidio de Cecilia Monzón, la diputada local Mónica Silvia Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla para suspender los derechos de patria potestad, guarda y custodia de los padres acusados de feminicidio (o tentativa de feminicidio), y que estos derechos se pierdan de forma definitiva si son hallados culpables del delito.
La propuesta, conocida públicamente como la Ley Monzón, fue aprobada por el Congreso del Estado de Puebla el 3 de marzo de 2023.
Posteriormente fue avanzando en ocho estados como son Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Baja California Norte y Oaxaca.
