Inmerso en sus aspiraciones a la gubernatura de Puebla, que lo han llevado a ausentarse de la ciudad incluso en medio de una crisis de ingobernabilidad, el alcalde Eduardo Rivera Pérez ha elevado sus ambiciones políticas al comprometerse a asignar un extenso presupuesto para 2024 a la controvertida agrupación Antorcha Campesina, cuyos miembros han sido señalados por despojos, corrupción y ambulantaje.
Durante la conmemoración del 40 aniversario de la fundación de Balcones del Sur —colonia que creó Antorcha Campesina a base de despojos—, el alcalde se desvivió en elogios a Aquiles Córdova, dirigente nacional de esa organización, y a Soraya Córdova, quien junto con el sempiterno líder Juan Manuel Celis Aguirre, controlan la agrupación en el estado.
Sin embargo, la presencia del edil al evento no fue fortuita. Los intereses detrás de su participación podrían encontrarse detrás de una entrevista concedida este lunes por la mañana, cuando el edil dijo estar abierto a que Antorcha Campesina lo arrope en su campaña por la gubernatura de Puebla.
“Fue un festejo muy importante, el 40 aniversario de la fundación de la colonia Balcones del Sur, evento más bien dicho de ellos, yo acudí como invitado especial, por supuesto tuve la oportunidad de dirigir algunas palabras y serán ellos quienes tendrán que expresar si tienen algún respaldo hacia mi persona, yo fui con ellos a celebrar el esfuerzo que han realizado a favor de varias de las personas que viven en el sur de la ciudad”, declaró.
Esta apertura coincidió con la promesa del alcalde de destinar más recursos y apoyos a Balcones del Sur y las colonias de Antorcha Campesina, al señalar que gestionaría directamente obra pública con Soraya Córdova, excandidata a diputada local por el PRI en las elecciones de 2021, uno de los partidos del Frente Amplio por México que respaldará la candidatura de Eduardo Rivera a la gubernatura.
Durante el festejo del domingo, el alcalde abandonó la solemnidad característica de los actos gubernamentales para adoptar un tono más afín al de un candidato que al de un presidente municipal. Dirigiéndose a aproximadamente 10 mil personas, según las cifras proporcionadas por Antorcha, Rivera elogió los “logros” de la agrupación en la ciudad de Puebla.
“Siempre hemos podido coincidir y tener en este camino muchas coincidencias, te tengo un gran cariño y respeto a ti y a tu lucha, pero dicen que el cariño que no se ve reflejado en el presupuesto no es cariño, así que ya alzaste la voz y aquí frente a Pablo le voy a pedir que el cariño se vea reflejado en el presupuesto del próximo año en las peticiones y demandas que tenemos aquí en las colonias del sur”, prometió Rivera a Soraya Córdova.
El panista transmitió mensajes sutilmente orientados a obtener respaldo para los comicios de 2024, al lanzar mensajes como “no tiene sentido quejarse si no se participa” y “la lucha es la mejor vía para lograr una Puebla mejor”.
ANTORCHA CAMPESINA, UN HISTORIAL DE DESPOJO
Antorcha Campesina es una organización señalada repetidamente por llevar a cabo despojos, con el objetivo de erigir colonias completas con sus agremiados, apropiarse de espacios de mercados y áreas públicas para establecer actividades comerciales e incluso protagonizar movilizaciones para exigir al gobierno la entrega de obras e insumos en colonias que previamente arrebataron.
Este respaldo, en apariencia benevolente, encubre una trama de actividades vinculadas a prácticas criminales. Uno de los ejemplos más recientes es la disputa por el control del mercado Amalucan, donde los comerciantes que no tienen afiliación con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre ni con Antorcha Campesina, han expresado su angustia al ser víctimas de intimidación por ambas organizaciones.
En junio de este año, cuando estalló la disputa por el control del recién remodelado recinto, comerciantes denunciaron que dicha agrupación les exigía el pago de cuotas para permitirles operar y los obligaban a unirse a sus filas, en una intentona por arrebatar espacios al grupo de la 28 de Octubre y tener mayoría.
A pesar de que la presión para pagar cuotas ya existía de ambas organizaciones, desde la llegada de Antorcha Campesina, la situación se intensificó, llevando a los comerciantes a ser intimidados y amenazados con la supuesta intención de despojarlos de sus locales.
Esta lucha de poder entre ambas organizaciones llegó a su punto más radical el 24 de mayo, con un enfrentamiento en el mercado de Amalucan que dejó como resultado cuatro personas heridas.
La violencia de la agrupación fue visible también el pasado 17 de octubre, en la Unidad Habitacional Antorcha Obrera, donde empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acompañados por elementos de la Guardia Nacional, llegaron para cortar el servicio por falta de pago.
Sin embargo, un grupo de antorchistas se opuso a los cortes y se enfrentó a los cuerpos de seguridad, utilizando piedras y palos, por lo que la Guardia Nacional respondió utilizando gas lacrimógeno para repeler la agresión.
El historial de despojos ha sido una constante. Por ejemplo, durante 2021, entre 15 y 20 hogares en el fraccionamiento Los Sauces, ubicado en San Jerónimo Caleras, fueron objeto de usurpación por integrantes de Antorcha Campesina, aunque lo mismo se han apoderado de espacios en colonias como 20 de noviembre y fraccionamiento San Juan Bautista, por mencionar algunas.
Las peripecias de la agrupación incluso han estado en la mira de las autoridades; por ejemplo, en 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 10 cuentas vinculadas a Antorcha Campesina, tres de ellas pertenecientes a personas morales y las restantes a personas físicas.
Esta medida se adoptó debido a que miembros de la organización habrían recibido sumas de dinero en efectivo “al margen de la ley”. Las investigaciones, que datan de 2019, inicialmente se centraron en el robo de combustible en gasolineras vinculadas a Antorcha Campesina, pero la organización también fue denunciada por presunta corrupción y lavado de dinero.
Entre las cuentas congeladas se encontraron las de Aquiles Córdova Morán y Juan Manuel Celis, luego de tareas de investigación coordinadas entre la Fiscalía de Puebla y la del Estado de México.
En 2020, el exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció contra la organización Antorcha Campesina y consideró que debía ser revisada y auditada por las autoridades competentes, pues en gobiernos anteriores había sido favorecida con programas de asistencia social que únicamente enriquecieron a sus líderes.
Obras inexistentes e inconclusas que Antorcha Campesina prometió al gobierno federal y estatal a cambio de la entrega de recursos económicos, engaños a gente pobre o en situación de vulnerabilidad social, como conductores de taxis pirata o invasores de tierras, que con tal de recibir “una despensa”, salían a marchar en su favor o se manifestaban afuera de Casa Aguayo, fueron otras acusaciones directas que el exmandatario lanzó en más de una ocasión contra la agrupación que intentó infructuosamente fundarse como partido político ese mismo año.
