El gobernador Miguel Barbosa Huerta tomó con reservas la decisión del alcalde Eduardo Rivera Pérez de “poner en pausa” el proyecto de concesión por 10 años los espacios publicitarios en paradas peatonales y pendones de la capital.
Si bien dijo que la actitud asumida por el munícipe merece un reconocimiento, también es necesario conocer los alcances que tendrá la suspensión momentánea anunciada, pues fue ejecutada sin reflexión política al pretender entregar la concesión por una década a un privado.
Aunque no precisó si tuvo diálogo directo con el alcalde, dejó entrever que en breve tendrán una reunión para concretar alguna modificación al proyecto de las concesiones; en este sentido, se podría acortar el tiempo por el que pretende entregar a una empresa o mantenerlo y hacer su presentación al Congreso del Estado para obtener su aval.
“No dijo cancelar, dijo pausa. No sé qué quiso decir utilizando la palabra pausa. Él (Eduardo Rivera) tiene que explicar el alcance de la palabra pausa, yo no voy a interpretar y ponerle significado a las palabras. Yo lo respeto mucho y reconozco la decisión de reflexionar sobre este tema”, apuntó.
Exhiben intento de control político
La decisión del munícipe llega luego de que el gobernador exhibiera al edil de la capital por querer obtener control político con la entrega de la concesión de los espacios publicitarios. A decir del gobernador, la necedad del presidente municipal estaba en no turnar este tema al Poder Legislativo ni al Cabildo, sino a un comité técnico hecho a modo para su aprobación.
Por su parte, el consejero jurídico del estado de Puebla, Carlos Palafox Galeana, explicó que el Ayuntamiento no puede otorgar este contrato de manera deliberada, pues ninguna Ley Orgánica Municipal está por encima de la Constitución Política, lo que hace inviable el proyecto municipal.
El cuestionamiento del gobernador -“¿no que íbamos a ser diferentes?”- sembró la dudas en el alcalde panista que tuvo que recular en su propuesta y suspender el proceso licitatorio.
¿Concesión ventajosa?
El gobernador Barbosa Huerta recomendó a la Comuna que analizara el período de concesión, para que en lugar de 10 años solamente fuera por lo que resta de su administración y, en todo caso, la mitad de la siguiente gestión municipal.
En respuesta, Rivera Pérez se escudó en artículos de la Ley Orgánica y de la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no enviar la propuesta al Congreso del estado.
