El Ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez incurrió en una auténtica ley mordaza al inhibir la participación de los regidores de Morena en la discusión del punto de acuerdo para enviar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) el expediente final del proceso Entrega-Recepción del gobierno de la morenista Claudia Rivera Vivanco.
A pesar de que el área jurídica del Ayuntamiento panista ya había enunciado los pormenores del punto de acuerdo, en el que se acusó que el gobierno anterior no subsanó el 88.1 por ciento de las observaciones en el proceso Entrega-Recepción, la síndico municipal Guadalupe Arrubarrena García utilizó como argumento el Reglamento Interior de Cabildo para censurar los comentarios de la oposición.
Y es que, dijo, en una rueda de prensa ofrecida por los regidores del partido guinda el pasado 6 de enero, emitieron pronunciamientos acerca de que las 2 mil 86 observaciones hechas por el gobierno de Rivera Pérez habían sido subsanadas, por lo que al no tener fundamento legal como regidores para participar en el proceso Entrega-Recepción, quedaron impedidos para dar posicionamientos o incluso votar el documento.
“Ellos en su rueda de prensa señalaron que todo estaba solventado; hicieron una manifestación expresa de calificación del dictamen de la comisión saliente, con eso viciaron su posición y su voto en este acto, además de quebrantar principios constitucionales como el de legalidad e imparcialidad. Entonces, los regidores de Morena que formaron parte están impedidos para emitir opinión y, en su caso, no es válida ni legítima para la toma de decisiones para este cuerpo colegiado”, aseguró.
El presidente municipal Eduardo Rivera secundó los comentarios de la síndico e incluso amenazó al regidor Ángel Rivera Ortega al señalar que, si realizaba una intervención, incurriría en responsabilidades administrativas al caer en conflicto de interés, según el artículo 76 del Reglamento Interior de Cabildo y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La medida provocó de inmediato el descontento de los regidores de Morena. Ángel Rivera Ortega argumentó que la Constitución y la Ley Orgánica municipal establecen que ningún regidor puede ser contenido por sus expresiones dentro del Cabildo.
“Hoy estamos viendo en el desarrollo del Cabildo que tratan de callarnos, propiamente amenazándonos en que si hablamos, que si decimos algo durante el desarrollo de la propia sesión, vamos a ser materia de un seguimiento jurídico y alguien ya lo dijo en el desarrollo de su intervención: ‘aguas porque hasta a la cárcel van a ir a dar’. Bueno, lo dirán porque tienen experiencia en ese tema”, apuntó.
ENVIARÁN EXPEDIENTE FINAL A LA ASE
Previo a la ley mordaza aplicada a los regidores de Morena, la secretaria General del Ayuntamiento, Silvia Tanús Orosio, enlistó los detalles del documento de Entrega-Recepción revisado por el gobierno de Eduardo Rivera, donde se decretó que la administración de su antecesora sólo subsanó el 11.9 por ciento de las observaciones, es decir, un total de 249.
Tanús Osorio reveló el gobierno anterior no aclaró sobre el gasto de 4 mil 345 millones 307 mil 690 pesos en bienes y servicios, ni hubo comprobación del gasto de obra pública por un monto de 2 mil 112 millones 725 mil 934 pesos y hay 71 obras heredadas que están pendientes de pago.
Además, declaró que los regidores de Morena exhibieron públicamente documentación oficial del proceso Entrega-Recepción sin justificar su tenencia, lo que podría implicar responsabilidades administrativas o penales.
“La Entrega-Recepción tenía por objeto dar cumplimiento al acto legal y administrativo mediante el cual el gobierno municipal saliente entregara y/o traspasara de forma ordenada al gobierno municipal entrante todos los bienes, inmuebles, infraestructura, equipamiento, archivos, almacenes, inventario, fondos y demás información relacionada a los presupuestos y recursos. Sin embargo, la Comisión entrante constata que no hubo entrega y/o traslado de documentos que justifiquen y soporten todos y cada uno de los anexos del acto Entrega-Recepción”, apuntó.
La presentación de los hechos provocó una acalorada discusión entre los integrantes del Cabildo. La regidora de Morena Elisa Molina recriminó que el punto de acuerdo incurrió en ilegalidad, pues lo que se presentó no fue revisado por todos los regidores y se desconocía su contenido.
A la par, su homólogo Leobardo Rodríguez Juárez acusó que el documento fue elaborado con tintes políticos, se hicieron valoraciones y juicios de valor específicos y se buscó anticipar la resolución final de la ASE en torno a la revisión del expediente.
