El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se comprometió a acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras la explosión originada por la ordeña ilegal en San Pablo Xochimehuacan al inicio de su gestión.
El munícipe aseguró que colaborará estrechamente con Pemex para implementar medidas preventivas y sugirió a la par la reubicación de ductos como medida para evitar el huachicol y siniestros similares.
Aseguró que está explosión fue producto de un problema heredado que se acentuó por diversos factores, entre estos, la presencia de asentamientos irregulares en zonas de riesgo, aunque señaló que asumirán las recomendaciones entregadas por el órgano nacional, que incluyen reparación integral colectiva para 265 personas, planes de capacitación, verificación en áreas de riesgo y un análisis detallado de las personas y viviendas afectadas por la explosión.
“Es un problema que heredamos, ustedes recordarán que a 15 días de haber entrado al gobierno fue cuando lamentablemente acontecieron estos hechos y es un tema complejo porque la ubicación de varios predios o colonias completas ha hecho esto de manera histórica, tienen décadas la ubicación de viviendas irregulares en zonas donde transitan los ductos de Pemex”, manifestó.
El edil propuso que para resolver esta problemática, propondría a Pemex la posibilidad de desviar los ductos que atraviesan zonas irregulares a otras áreas de la ciudad o el estado, a fin de evitar que en casos de perforaciones o ductos se puedan evitar estas catástrofes.
Puntualizó que la Comuna pudo ignorar la recomendación de la CNDH bajo la justificación de que fue una problemática heredada; sin embargo, aseguró que es importante que se trabaje con la empresa productiva del Estado para elaborar un plan de verificación de manera puntual en la zona de riesgo y hacer un censo de personas afectadas.
Su declaración ocurre luego de que la CNDH, emitió la recomendación 169/2023 donde destaca la falta de diligencia de ambas autoridades (Ayuntamiento y Pemex) para garantizar la seguridad de los habitantes de la junta auxiliar y proteger sus viviendas.
La CNDH identificó la inobservancia de Pemex y el Ayuntamiento en cumplir con sus obligaciones de prevenir riesgos futuros y garantizar condiciones seguras para las viviendas construidas sobre los ductos de gas LP.
Además, señaló que el Ayuntamiento permitió el crecimiento urbano irregular en zonas cercanas a los ductos sin tomar medidas efectivas para proteger los derechos humanos de los habitantes.
La Comisión recomendó a Pemex y Pemex Logística realizar una reparación integral del daño a las víctimas, incluyendo atención psicológica y médica, así como la entrega de medicamentos según sea necesario.
En tanto que al Ayuntamiento de Puebla se le exige entregar viviendas reconstruidas, reubicadas y rehabilitadas a las víctimas que sufrieron daños en sus propiedades.
Además, la CNDH solicitó a todas las partes involucradas impartir cursos de capacitación en derechos humanos a su personal para prevenir futuras violaciones. También instó a realizar un censo actualizado para evaluar las necesidades de las personas afectadas y tomar medidas que garanticen un ordenamiento territorial adecuado.
