Tras casi un año de trabajo en el Congreso local, la Violencia Vicaria ya es una realidad en el estado de Puebla, con penas de hasta 10 años de cárcel.
El pasado 3 de agosto, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la minuta de decreto que tipifica este tipo de violencia en contra de las mujeres que aprobó el Congreso de Puebla el pasado 15 de julio.
La Violencia Vicaria es reconocida como la violencia que ejercen exparejas en contra de las madres a través de sus hijos.
“Es todo acto u omisión intencional con el objeto de causar daño a la víctima a través de prejuicios, maltrato, descuido, y/o manipulación de las hijas y los hijos, así como el daño y menoscabo del vínculo filial con la víctima.
“Es una manifestación de violencia por parte de quien mantuvo o mantiene una relación afectiva o sentimental, de pareja con la víctima, por sí o por interpósita persona, utiliza a las hijas y los hijos de la víctima como instrumento para causarle daño. Se considera violencia vicaria equiparada lo que se realice hacia un ascendiente directo consanguínidad o afinidad hasta el tercer grado, dependiente económico de la víctima, un adulto mayor con custodia de la víctima”
Con las reformas, Puebla se convierte en el quinto estado con sancionar la violencia vicaria con un castigo de hasta 10 años y 8 meses de prisión.
“DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla”
Una de las impulsoras de esta reforma fue la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, quien trabajó con colectivos de madres alienadas para lograr la tipificación de este tipo de violencia.
Al trabajo legislativo se sumó la diputada del Partido del Trabajo, Mónica Silva Ruiz, quien presentó una reforma estructural para que además de su tipificación se lograra su sanción en el Código Penal local.
