La posibilidad de una nueva reposición del juicio mantiene en la incertidumbre a la señora María Teresa Viniegra Luna, una mujer de 82 años que desde hace una década lucha por recuperar un terreno del que fue despojada mediante documentos apócrifos. El temor de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla repita lo ocurrido en dos ocasiones anteriores —cuando la Sala Segunda de lo Civil ordenó reponer el procedimiento— mantiene en vilo no solo el desenlace del proceso, sino también la esperanza de que la justicia llegue antes de que su salud y su tiempo se agoten.
En entrevista con este medio, la defensa legal de doña María Teresa advirtió que si la sala vuelve a ordenar una reposición, ella quedará prácticamente indefensa, pues no es posible promover un amparo contra actos intraprocesales.
“Iniciar nuevamente el juicio sería lo peor que puede ocurrir. Sería una absoluta indolencia contra una mujer de 82 años”, afirmó el abogado.
El expediente en cuestión —radicado ahora en la Toca 158/2025— revela que no existen registros del poder notarial con el que supuestamente la señora María Teresa autorizó la venta del predio en Huejotzingo, y que además el juzgado rechazó desahogar pruebas periciales, pese a que no se encontró su firma en los documentos. Aun así, en instancias previas, se validó el poder y se ordenó a la mujer pagar las costas del juicio.
El caso se encuentra ahora en manos de la Segunda Sala Civil del TSJ, integrada por los magistrados Humberto Arroniz Meza, María Emma Peralta Juárez y José Roberto Grajales Espina. La magistrada Peralta Juárez es la responsable de elaborar el proyecto de sentencia, y con ello, de definir el rumbo del proceso y del patrimonio de la mujer.
Fuentes del Poder Judicial consultadas señalan que existen “presiones” al interior del tribunal para evitar que el caso llegue al amparo federal, donde dejaría de ser competencia del TSJ poblano. Esta situación agrava el desgaste emocional y físico de la mujer, quien ha enfrentado sola el aparato judicial por más de diez años.
“Ya estoy harta”, solloza doña María Teresa al relatar su experiencia. Su tono, pausado y agotado, refleja el desgaste de una batalla que parece interminable. “Me ha afectado la salud, los años están llegando más pesados y no logro que esto se arregle por personas que no entiendo qué plan han de seguir, porque esto parece una mafia”, lamenta.
La historia comenzó en 2012, cuando fue despojada de un terreno de 10 mil metros cuadrados en Huejotzingo, a través de un poder notarial falso supuestamente expedido por la Notaría Pública 1 de Tlaxcala, entonces a cargo de Martín Xicoténcatl Martínez. Al percatarse del fraude en 2015, inició el proceso legal para revocar la compraventa.
En 2018, el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo le dio la razón y determinó que ella era la legítima propietaria. Sin embargo, en apelación se ordenó reponer el procedimiento. Años después, el mismo juzgado cambió de criterio y validó el poder falso, condenándola además al pago de costas. Esa resolución llevó a una segunda reposición.
El 26 de febrero de este año, tras la mediatización del caso —que incluso fue abordado en una conferencia del exgobernador Miguel Barbosa Huerta—, el juzgado ratificó que el poder era apócrifo, lo que devolvió cierta esperanza a la mujer. Pero los presuntos responsables interpusieron una nueva apelación y, con ello, el proceso volvió a quedar suspendido.
Hoy, con más de diez años de desgaste y cansancio acumulado, doña María Teresa aún espera que este sea el fallo definitivo. “Solo quiero descansar”, dice. Pero la sombra de una nueva reposición amenaza con alargar aún más el camino hacia una justicia que, hasta ahora, le ha sido sistemáticamente negada.
