El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil se negó a reconocer como terceros perjudicados o terceros interesados a un supuesto grupo de padres de familia de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), en el juicio que se sigue contra la decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en el estado de Puebla de nombrar a un nuevo patronato en las fundaciones Mary Street Jenkins y Udlap.
La decisión, además, dejó en claro que tanto el grupo de supuestos padres de familia como los abogados de la familia Jenkins de Landa, tienen “objetivos afines como lo es la impugnación de las acciones y consecuencias tomadas por Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, entre ellas, la designación de un nuevo patronato” de la Fundación Universidad de las Américas Puebla Institución de Beneficencia y/o Fundación Universidad de las Américas y/o Fundación Udlap.
“No puede concluirse que participe de la calidad de tercero interesado, quien comparezca al juicio constitucional, aduciendo tener un derecho de igual o idéntica entidad jurídica al del quejoso (la familia Jenkins de Landa), en la medida que aquél debe distinguirse por procurar la subsistencia del acto de autoridad cuestionado en la vía constitucional, guardando un interés contrario al del quejoso, traducido en la pretensión de que sea negada la protección federal, o bien, se sobresea en el juicio de amparo… como se dijo, no ha lugar a tener como terceros interesados dentro del presente juicio de amparo a la colectividad beneficiarios” de la Fudlap, asienta la resolución.
Tras conocer el fallo, publicado el 9 de febrero, el representante legal de los quejosos, David Granados Cervantes, presentó una queja en la que insiste en que se reconozca la personalidad de terceros perjudicados de sus representados, a los que nombra como “colectividad beneficiarios de la Fundación Universidad de las Américas, institución de beneficencia privada”, de acuerdo con un extracto del documento publicado en redes sociales por @PadresUdlap, la cuenta desde la que los tutores inconformes respaldan al movimiento #UdlapLibre.
Ese documento, además, confirma que los “beneficiarios” de la Fundación Udlap -de los que nunca se especifica si son padres de familia, dueños de establecimientos afectados por el cierre de la institución ni pobladores de la región de Cholula- comparten la misma estrategia de los abogados de la familia Jenkins de Landa para que el campus sea entregado a los representantes legales de esa fundación -encabezada por Margarita Jenkins de Landa- o a la rectora Cecilia Anaya Berríos.
David Granados incluso va más allá al demandar al juez Tercero de Distrito, Tomás Zurita García, la entrega del campus “antes de que ocurra un incidente lamentable o corra la sangre”.
El alarmismo manejado por el litigante va más allá y le advierte al juez que “su señoría no puede esperar, ni tener en su conciencia ver en los titulares nacionales o locales que un alumno de la Udlap fue herido, muerto o reprimido por la autoridad que se empecina en el “secuestro infructuoso” del campus de la universidad.
La indemnización
En su resolución para negar a la “colectividad” de “beneficiarios” de la Fudlap su carácter de tercer perjudicados por el cambio del patronato de la institución, puntualizó cada una de las acciones que buscan en su “acción colectiva” presentada en el Juzgado Séptimo en Materia de Amparo Civil, expediente 142/2021, entre las que destaca la exigencia para que la Junta para el Cuidado de la Instituciones pague una indemnización de 200 millones de pesos mensuales por los perjuicios ocasionados tras el cierre del campus.
“El pago de los daños y perjuicios causados con su ilegal actuar… y causaron daños a la colectividad del presente juicio; más los que se sigan causando hasta la total conclusión del presente juicio y/o hasta la restitución de los derechos de la colectividad de presente juicio, estimados a razón de la cantidad de doscientos millones de pesos mensuales”, se expone en la resolución.
Tras consultar la resolución, prácticamente los “beneficiarios” de la fundación encabezada por Margarita Jenkins de Landa plantean casi los mismos argumentos que los abogados de los patronos destituidos
La acción colectiva de los supuestos padres de familia de la Udlap fue presentada en noviembre de 2021 y fue promocionada esta semana por la revista Proceso, en la que los quejosos culpan al gobernador Miguel Barbosa Huerta por las pérdidas económicas y materiales por el cierre del campus desde hace siete meses.
“Padres de familia, estudiantes y habitantes de Cholula han interpuesto una demanda colectiva por los daños económicos causados por esta toma de la Udlap, en la ubican como responsable al gobierno de Miguel Barbosa Huerta”, sostiene el texto.
Y, agrega: “Como parte de la demanda colectiva, en el juicio se ha solicitado que la Judicatura federal nombre un depositario que mantenga a la Udlap libre del conflicto legal que enfrenta” la Fundación Mary Street Jenkins.
