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miércoles, abril 2, 2025

Investigación de MCCI revela transferencias millonarias de presuntos prestanombres de García Luna a pareja de Manuel Bartlett

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El reportero Iván Alamillo publicó una investigación acerca de cómo Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, recibió depósitos por 4.5 millones de dólares de miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres de Genaro García Luna.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aquí, y se comparte íntegra:

Prestanombres de García Luna transfirieron 4.5 millones de dólares a pareja de Bartlett

Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso solicitó rastrear transferencias que los presuntos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública realizaron a la pareja de Manuel Bartlett por un monto equivalente a 120 millones de pesos. El rastreo del dinero se realiza a partir de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo objetivo es recuperar los fondos del erario presuntamente desviados durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recibió en sus cuentas bancarias depósitos por 4.5 millones de dólares, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, de miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dos millones 642 mil dólares fueron transferidos a las cuentas personales de Abdalá, mientras que un millón 890 mil dólares fueron depositados en las cuentas de Roybell International Inc, una offshore panameña controlada por ella.

Las transferencias tuvieron lugar entre julio de 2012 y mayo de 2017, periodo en el que Bartlett ocupaba una curul como senador plurinominal del Partido del Trabajo y ya formaba parte del movimiento político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno investiga las transferencias realizadas a Julia Abdalá como parte de la demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una corte de Florida, cuyo objetivo es recuperar los fondos del erario que el exsecretario de Seguridad Pública desvió a través del entramado empresarial de los Weinberg.

Las autoridades acusan a García Luna de estar detrás de una red de corrupción que permitió que las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd se beneficiaran ilegalmente con más de 630 millones de dólares provenientes de 30 contratos otorgados por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Dichas compañías formaban parte de un conglomerado familiar representado y administrado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes enviaron los fondos a paraísos fiscales y, posteriormente, a empresas fachada en Florida que eran manejadas por García Luna y su esposa. Ya con los fondos en las cuentas de sus sociedades, García Luna y sus allegados se hicieron de múltiples propiedades y bienes de lujo en Miami.

Expedientes de la demanda civil consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestran que los requerimientos sobre la información bancaria de Julia Abdalá comenzaron el 12 de junio de 2024, diez días después de las elecciones que dieron el triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En esa fecha, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitara a varios bancos mexicanos información sobre los movimientos de decenas de personas físicas y morales. Entre ellas, la pareja de Bartlett.

La carta rogatoria fue enviada por la jueza Walsh a solicitud del despacho de abogados que representa a la UIF en la demanda civil. Esto, con el fin de obtener los registros bancarios mexicanos y utilizarlos como prueba de lavado de dinero en el juicio contra los Weinberg en Florida.

La respuesta que la CNBV dio al exhorto de la jueza no está disponible para consulta en los expedientes de la demanda. Sin embargo, el 9 de agosto de 2024, ya durante la transición presidencial, la UIF presentó una moción para obligar a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto a presentar documentos que identificaran el propósito de múltiples transferencias millonarias a Julia Abdalá.

Además, la UIF solicitó a los Weinberg proporcionar copias de cualquier tipo de comunicación que hayan tenido con la pareja de Bartlett respecto a dichas transferencias.

Los depósitos de los Weinberg a Abdalá comenzaron el 13 de julio de 2012, doce días después de que Enrique Peña Nieto ganara las elecciones presidenciales, y continuaron a lo largo de casi todo su sexenio, hasta el 10 de mayo de 2017.

Durante ese tiempo, las empresas de los presuntos prestanombres de García Luna recibieron contratos por cientos de millones de dólares con el CISEN y el OADPRS.

En suma, la pareja de Bartlett recibió nueve transferencias por dos millones 642 mil dólares, equivalentes hoy en día a 72 millones 134 mil pesos.

Los Weinberg realizaron los depósitos desde las cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados a dos cuentas que Abdalá tenía a su nombre en Banco Inbursa y en Caixa Galicia, actualmente conocida como Abanca, una entidad financiera de Galicia, España.

ABDALÁ TAMBIÉN RECIBIÓ DEPÓSITOS EN EMPRESA OFFSHORE

Julia Abdalá también recibió un millón 890 mil dólares de los Weinberg en las cuentas de Roybell International Inc, una sociedad offshore constituida en Panamá en la que contaba con acciones al portador desde el 2012.

En la misma moción presentada el 9 de agosto de 2024, la UIF pidió a los Weinberg presentar documentos que justificaran el propósito de tres transferencias realizadas entre mayo de 2013 y julio de 2014 a Roybell International Inc.

De la misma forma, la unidad dirigida por Pablo Gómez volvió a solicitar a los empresarios que proporcionaran cualquier tipo de comunicación que hayan tenido con Roybell respecto a estos depósitos.

El monto enviado por los Weinberg a la offshore de Abdalá equivale hoy en día a 51 millones 142 mil pesos. Los fondos fueron transferidos desde las cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados y depositados a Roybell International Inc en el Union Bancaire Privée, un banco radicado en Suiza, país que es considerado un paraíso fiscal.

Aunque el expediente de la demanda civil no identifica a Abdalá como accionista de la firma panameña, un consorcio de medios reveló en 2021, como parte de la investigación de los Pandora Papers, que era dueña de 10 mil acciones de Roybell International Inc, la cual no contaba con empleados ni oficinas.


De acuerdo con las revelaciones del consorcio, la empresaria poblana seguía manteniendo el control de la compañía en 2017, cuando recibió poderes para comprar bienes, pedir créditos, otorgar préstamos, participar en licitaciones y celebrar contratos con ella.

Incluso, en diciembre de 2017 los directores de papel de Roybell iniciaron trámites para abrir una cuenta bancaria en el Lyford International Bank and Trust de Bahamas a nombre de la empresa, la cual sería operada de manera individual por Julia Abdalá.

Las transferencias por un millón 890 mil dólares que fueron depositados en las cuentas de Roybell se suman a los 2 millones 642 mil dólares que Abdalá recibió en sus cuentas personales.

En total, los depósitos recibidos por la pareja de Bartlett equivalen a 120 millones de pesos actualmente.


SAMUEL WEINBERG ADMITIÓ AMISTAD CON ABDALÁ Y BARTLETT

Samuel Weinberg López reconoció tener una relación de amistad desde hace más de 20 años con Manuel Bartlett y su pareja, Julia Abdalá, durante un interrogatorio realizado el 12 de junio de 2024 por Carlos Acevedo, abogado del bufete que representa a la UIF en la corte de Florida.

En su declaración, Weinberg fue cuestionado por Acevedo sobre múltiples temas, como sus inicios como contratista del gobierno federal, los orígenes de su amistad con García Luna y las transferencias realizadas por su empresa, Nunvav.

El empresario mencionó haber conocido al exsecretario de Seguridad Pública durante 1994 en el CISEN, cuando García Luna era un funcionario público de bajo nivel y Weinberg un representante de la industria de seguridad israelí ante los órganos de inteligencia de México.

Al recordar sus inicios en el CISEN, Weinberg declaró haber vendido un servicio de monitoreo para las máquinas de fax del órgano, tras lo cual, se desprendió la siguiente conversación entre él y Acevedo:

Las preguntas sobre Abdalá y Bartlett se detuvieron ahí. Weinberg y Acevedo continuaron platicando sobre el pasado profesional del empresario. El abogado que representa al estado mexicano no hizo ninguna pregunta a Weinberg sobre las transferencias millonarias que hicieron a la pareja del exdirector de la CFE durante más de seis años.

En abril de 2019, la periodista Peniley Ramírez reveló que por varios años los Weinberg operaron desde un departamento de Abdalá ubicado en el número 8 de la calle de Rubén Darío, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Ese inmueble también era la sede de Tidure’s, una joyería en la que Abdalá era socia de Silvia Pinto Mazal, esposa de Samuel Weinberg.

LOS WEINBERG PROPORCIONARON INFORMACIÓN A LA UIF

El 20 de agosto de 2024, los Weinberg alegaron haber otorgado a la UIF comunicaciones y documentos que identifican el propósito de las transferencias que realizaron a Julia Abdalá y a su empresa, Roybell International Inc.

No obstante, las pruebas que los presuntos cómplices de García Luna proporcionaron no pueden ser consultadas como parte de los expedientes del caso, ya que tienen carácter de confidencial.

Tan solo durante 2024, el titular de la UIF, Pablo Gómez, acudió en dos ocasiones a la conferencia matutina del expresidente López Obrador para hablar sobre García Luna y el caso civil en Florida para recuperar los fondos malversados por él y los Weinberg.

En ninguna de esas ocasiones se mencionó que el gobierno mexicano estuviera investigando a Julia Abdalá como parte del entramado corrupto del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Tampoco se sabía sobre las transferencias de los Weinberg a la pareja de uno de los hombres que más poder e influencia ha tenido durante las últimas décadas en la vida política del país.

Alexis Weinberg fue detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, España, luego de que la FGR giró una ficha roja para localizarlo y detenerlo por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente, enfrenta su proceso de extradición a México en libertad.

MCCI cuestionó a la UIF si sospecha de algún acto ilícito en las transferencias que los Weinberg hicieron a Julia Abdalá; también preguntó si la unidad ha presentado denuncias ante la FGR en contra de ella, pero no obtuvo respuesta.

MCCI hizo llegar un cuestionario a Abdalá a través de su empresa, Digilogics. Sin embargo, hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.

Vínculos García Luna-Weinberg

En enero de 2020, MCCI reveló que una excolaboradora de García Luna fungía como la apoderada general de Nunvav, Inc., empresa del conglomerado de los Weinberg.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, Nunvav fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública para desviar 2,678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012 a las órdenes de García Luna, fue nombrada apoderada de Nunvav, Inc. el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá.

Posteriormente, el 31 de octubre del mismo año, en otra asamblea extraordinaria fechada también en Panamá, se ampliaron los poderes a la excolaboradora de García Luna para que representara a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá –donde está el domicilio social de la empresa– o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales.

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