Por la invasión de más de mil hectáreas de terreno que han sido expropiadas de manera ilegal en el municipio de San Andrés Cholula, habitantes de siete pueblos originarios se manifestaron en el Zócalo de la ciudad de Puebla, para exigir un freno a los proyectos inmobiliarios que han generado un crecimiento urbano desordenado.
Los inconformes acusaron que el alcalde del municipio, Edmundo Tlatehui Percino, no ha tomado en cuenta las dos propuestas presentadas por las juntas auxiliares cholultecas para un proyecto de planeación territorial para los pueblos indígenas, por lo que desarrolladoras inmobiliarias como Grupo Proyecta han acabado con sus tierras de cultivo al no haber reglamentación en la materia.
La agencia inmobiliaria ha sentado sus reales en dicho municipio a tal grado que la firma, al menos hasta 2018, tenía en su poder hasta 900 hectáreas en 80 clústeres, 25 mil lotes vendidos y 3 mil hectáreas de reserva territorial en Lomas de Angelópolis.
Ayer, los pobladores acusaron que han sufrido una severa invasión inmobiliaria de fraccionamientos de lujo, torres, clústeres y hasta centros comerciales, los cuales les han costado perder ejidos en municipios como San Andrés Cholula, Tlaxcalancingo, Cacalotepec, Tonantzintla, entre otros.
Estos despojos se han ganado en gran parte mediante juicios fraudulentos, escrituras falsas, presiones y engaños, lo que ha generado descontento entre cientos de pobladores por la falta de certeza jurídica y un desplazamiento silencioso, toda vez que han sufrido altos impuestos de escrituración y poco acceso a la regulación de la tierra que los ha obligado a ceder sus terrenos o en el mejor de los casos venderlas, aunque a un precio económico.
“Han generado un crecimiento urbano desordenado, desigual, invasivo a nuestros territorios, favoreciendo a los grandes inversionistas, a la vez se mantiene y amplía la inseguridad jurídica de cientos de familias cholultecas sobre sus propiedades”, expresó uno de las inconformes.
A la par, expresaron que cuentan con derechos constitucionales como pueblos originarios, tales como que se reconozca su derecho a la libre determinación sobre su territorio y que tienen facultades para obligar a las autoridades a consultarlos sobre programas de desarrollo urbano que puedan afectar a sus comunidades.
Por otro lado, señalaron que por el momento el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), presentado por Eduardo Martínez González, secretario de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, está sometido a consulta indígena y se encuentra en la fase informativa, por lo que faltaría que se desahoguen las etapas deliberativa y consultiva.
Una vez que se realicen estos procesos, las Asambleas Generales Comunitarias realizarían las observaciones y modificaciones al documento que mejor convengan a sus intereses, a fin de evitar la invasión inmobiliaria.
Por otro lado, recordaron que en 2018 la justicia federal ordenó la abrogación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano municipal por no haberse realizado una consulta con los pueblos originarios de San Andrés Cholula.
Uno de los casos de despojo que salió a la luz ocurrió en Santa María Malacatepec, donde ejidatarios acusaron que desde hace 12 años Grupo Proyecta –integrada por empresarios inmobiliarios y propietarios del fraccionamiento Lomas de Angelópolis-, los han despojado de sus terrenos con el aval de autoridades agrarias y hasta de procuración de justicia.
Verónica Azucena Ramírez, integrante de la Comisión de la Defensa de la Tierra en Malacatepec, evidenció que, por ejemplo, parte del modus operandi para obligar a los ejidatarios a vender sus espacios consiste en el bloqueo de accesos y salidas, así como la contratación de los comisariados ejidales para ejercer presiones entre los poseedores sin que directamente, Grupo Proyecta meta las manos en los tratos.
En 2017, un grupo de 280 de 302 ejidatarios de Malacatepec aceptó la venta de tierras a un ínfimo costo de 825 mil pesos, aun cuando los cobros no fueron integrados en las actas de asambleas ni se encuentran inscritas en el Registro Agrario Nacional.
El despojo de terrenos no es el único tema que han sufrido pobladores por la operación de Grupo Proyecta, sino que también han enfrentado excavación de pozos que han secado los mantos freáticos y gentrificación, por mencionar algunos.
