La disputa legal sobre el predio conocido como “lote D”, ubicado en Ciudad Serdán, ha encendido alertas en la región. El terreno sería destinado para albergar instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). No obstante, para la diputada local Fedrha Suriano, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, lo que está en juego va más allá de un conflicto por la propiedad: se trata de una inversión pública con impacto educativo que hoy podría verse comprometida.
En entrevista con Hipócrita Lector, la legisladora explicó que el predio no es un simple terreno baldío. Ahí se construyó, hace más de seis años, el Centro Comunitario de Ciudad Serdán, una obra impulsada durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, que luego fue entregada al Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma.
Expuso que fue en una etapa posterior, durante la actual administración estatal de Sergio Salomón Céspedes, cuando el terreno de ocho hectáreas fue reintegrado al gobierno municipal, el cual, a cargo del exalcalde Uruviel González Vieyra de MC, decidió donarlo a la BUAP para establecer un nuevo campus universitario.
En ese espacio, según la diputada, se contemplaba la operación de al menos dos programas educativos: Contaduría y Administración, lo que beneficiaría a toda la región del Valle de Serdán, incluyendo municipios como Tlachichuca, Atzitzintla, Esperanza y Atenco, entre otros.
“Este es el centro comunitario que tiene más de seis años que se construyó, y hasta donde yo tengo entendido regresó al municipio porque la edificación la hizo el Gobierno del Estado. Posteriormente, se reintegra al gobierno municipal para que pueda disponer de él y se entrega en donación para la apertura de un campus de la BUAP. No sé qué tipo de controversia sea, pero seguramente lo tendrán que determinar las autoridades”, sentenció Suriano.
Aunque la diputada reconoció que desconoce el fondo jurídico del caso y no tenía conocimiento del litigio, aseguró que el proceso de donación fue realizado conforme a documentación y procedimientos legales, lo cual permitió que la BUAP publicara su oferta educativa en tiempo y forma.
A pesar de las afirmaciones de la legisladora, documentos del Registro Público de la Propiedad y oficios judiciales confirman que el terreno se encuentra en litigio desde 2015 y ha sido objeto de múltiples compraventas, algunas realizadas mientras el conflicto ya estaba activo.
En julio de 2014, el Ayuntamiento —entonces encabezado por Juan Navarro Rodríguez— compró una hectárea del lote por 3.8 millones de pesos. Sin embargo, seis meses después, un juez notificó formalmente que existía un litigio sobre el predio.
Entre 2017 y 2018 se registraron nuevas ventas parciales del terreno, con superficies desde 75 m² hasta 2,950 m², todas firmadas por el mismo vendedor, Guadalupe Mario Sandoval Pérez, con aval del gobierno municipal.
Estas operaciones fueron respaldadas por notarías y avisos preventivos, pero presentan inconsistencias formales, como la falta de cancelación de derechos previos y posible superposición de fracciones, lo cual genera dudas sobre su validez legal.
Recientemente, la jueza María del Socorro López Reyes, del tribunal civil de Chalchicomula, notificó al síndico municipal que, según el expediente civil 293/2023, debía devolver la posesión del lote D a Guadalupe Mario Sandoval Pérez.
La decisión judicial contradice una cesión formal que realizó el expresidente municipal Uruviel González Vieyra a favor de la BUAP, con escritura, convenio y acta de cabildo en mano, bajo el propósito de crear un campus universitario.
