El Congreso de Puebla ha fijado como una de sus prioridades para 2025 avanzar en la armonización de las disposiciones legales necesarias para implementar la Reforma Judicial, aunque la elección directa de jueces y magistrados del Poder Judicial estatal por parte de los ciudadanos poblanos no se llevará a cabo antes de 2027.
Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, explicó que el Legislativo ya trabaja en la homologación de los códigos locales, la Constitución estatal y las leyes electorales, a fin de establecer las bases legales que permitan realizar este proceso de manera transparente y fundamentada.
Esta medida, clave en la transformación del sistema de justicia en el país, requiere ajustes a diversos ordenamientos locales para garantizar un marco jurídico adecuado que respalde el proceso, señaló.
La diputada morenista destacó que la elección de estos cargos está prevista para 2027, pero es necesario comenzar con las reformas pertinentes desde este año para cumplir con los plazos establecidos.
“Estamos trabajando en ese sentido para comenzar con la homologación que nos corresponde. Si bien es cierto que, a nivel local, la elección de este tipo de cargos será hasta 2027, sabemos que es necesario homologar varios de los códigos de la Constitución del estado, incluyendo los temas electorales, para garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada”, declaró.
García Chávez subrayó que el Congreso de Puebla está en condiciones de cumplir con las disposiciones de la reforma y aseguró que las homologaciones tendrán un sustento legal sólido.
SOLO CUATRO ESTADOS HAN HOMOLOGADO LAS NORMAS
En los artículos transitorios de la reforma judicial federal publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece un plazo de 180 días naturales para que las entidades federativas realicen las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales y leyes secundarias. Este mandato busca garantizar que los marcos normativos estatales sean compatibles con los cambios establecidos a nivel federal, sentando las bases para una transformación profunda del sistema judicial en México.
Sin embargo, el progreso en esta tarea ha sido lento en la mayoría de los estados. Según datos del Senado de la República, sólo Michoacán, Tamaulipas, Durango y el Estado de México han completado la homologación de sus normativas. En estos casos, se han promulgado las reformas a las constituciones locales, salvo en el Estado de México, donde la reforma fue aprobada pero no publicada hasta fechas recientes.
En Puebla, el Congreso enfrenta la responsabilidad de garantizar que la legislación local esté lista a tiempo, particularmente con vistas a las elecciones federales de este año. El estado deberá elegir jueces y magistrados en áreas clave como el Sistema Penal Acusatorio, tribunales laborales, juzgados penales, amparo y materia mercantil, en concordancia con las disposiciones federales.
El 11 de septiembre, el Senado de la República aprobó las reformas y envió el dictamen a los congresos estatales para su aval. El 15 de septiembre, las modificaciones fueron promulgadas oficialmente, y desde entonces comenzó a correr el plazo de 180 días para su homologación en las entidades federativas.
La reforma judicial federal contempla tres aspectos prioritarios: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros; la eliminación de privilegios a estos funcionarios judiciales; y la desaparición del Consejo de la Judicatura.
En el ámbito federal, la elección de jueces, magistrados y ministros está programada para el próximo 1 de junio. A pesar de los retos, las reformas apuntan a consolidar un Poder Judicial más accesible, transparente y cercano a la ciudadanía, lo que representa un cambio profundo en la relación entre la justicia y la sociedad mexicana.
