Durante la administración de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, la falta de transparencia y protocolos para el retiro de mercancías a vendedores ambulantes generó en casi un año, 346 expedientes de decomisos, cuyos artículos no pudieron ser reclamados por los afectados.
De julio de 2023 a marzo de este año, la Tesorería del Ayuntamiento abrió dichos expedientes luego de que las mercancías en el Centro Histórico, principalmente, fueron decomisadas por inspectores del Departamento de Vía Pública de la Secretaría de Gobernación bajo protocolos cuestionados.
En el Periódico Oficial del Estado fue publicada la declaración de abandono de los bienes en medio de acusaciones de exregidores y la sociedad que señalaron cómo los inspectores, en múltiples ocasiones, retiraron las mercancías sin identificarse, sin dar explicaciones claras y sin dejar constancia del acto.
Declara formalmente como abandonadas las mercancías y bienes decomisados bajo la
justificación del capítulo 16 del Código Reglamentario municipal (Coremun), el cual regula el uso de la vía pública. No obstante, los decomisos generaron indignación entre los ambulantes, quienes en la administración no fueron notificados adecuadamente sobre los procedimientos para recuperar sus productos.
Entre los expedientes, destaca que fueron decomisados, rejas, racks, globos, canastas, maniquíes, cuadros, asadores, carritos, carretillas, braseros, así como frutas, verduras y otros alimentos perecederos.
La mayoría de estos decomisos ocurrieron en el Centro Histórico, en sitios como la plancha del Zócalo, Juan de Palafox, Portal Hidalgo, 3, 5 y 8 oriente, 16 de septiembre, 5 de Mayo, 6 Norte, 4 y 6 Poniente, entre otras calles.
Durante los tres años que gobernó el PAN la ciudad de Puebla, las tensiones entre los vendedores ambulantes y el personal de Vía Pública de la escalaron debido a incidentes documentados de desalojos.
Uno de los casos más resonantes fue el denunciado en junio pasado por Paola Migoya, presidenta de la asociación “Unidos por Puebla”, quien compartió un video en redes sociales que mostró a empleados de Vía Pública retirando la mercancía de una vendedora de verduras de manera arbitraria.
Las imágenes muestran cómo los trabajadores, sin identificación visible, tomaron los productos sin ofrecer una explicación ni seguir un protocolo establecido, lo que provocó caos y confusión entre la comerciante y sus familiares mientras parte de la mercancía terminó en el suelo.
En el mismo mes, un negocio de “memelas” fue clausurado abruptamente bajo la orden de Roberto Carlos Márquez, entonces agente de Normatividad, quien argumentó la falta de acreditaciones para el funcionamiento del establecimiento. Sin embargo, según testigos, no se dio ningún tipo de advertencia previa de las autoridades locales.
A mediados de octubre de 2023, la situación alcanzó un punto álgido cuando, en un intento por desalojar ambulantes del Centro Histórico, se registró un enfrentamiento entre policías municipales y comerciantes.
El conflicto, que tuvo lugar cuando el personal de Segom solicitó a los ambulantes que desalojaran la zona, específicamente en las calles 8 Poniente y 5 de Mayo, argumentando la prohibición de la venta en esa área. Sin embargo, los vendedores acusaron a los funcionarios de incumplir un acuerdo previo y de actuar de manera agresiva, lo que desencadenó un conato de violencia.
Los comerciantes señalaron que habían pactado una reunión con Jorge Cruz Lepe, extitular de la Secretaría de Gobernación municipal, para discutir la situación, pero en lugar de dialogar, se vieron sorprendidos por la intervención de las autoridades.
