La desarticulación de bandas dedicadas a delitos como extorsión, secuestro, asalto y robo a transporte, así como al robo de gas LP, con el consecuente aseguramiento de pipas utilizadas para este delito, son algunas de las importantes acciones con las que la actual administración ha asestado duros golpes al crimen desde el inicio de la administración del gobernador Miguel Barbosa a la fecha.
Estas acciones han tenido impacto en la reducción de la incidencia delictiva que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que de acuerdo con las últimas mediciones, Puebla ha tenido una baja en 12 de los 17 delitos considerados de alto impacto por el gobierno federal.
La estrategia de seguridad y seguimiento diario de casos presuntamente ilícitos permitió que entre 2019 y 2022, los delitos de secuestro (-64.61 por ciento) y feminicidio (-61.22 por ciento) disminuyeran en más de la mitad.
Otras actividades ilícitas que continúan a la baja en el estado de Puebla son extorsión (-43.71 por ciento), robo de ganado (-43.62), robo de vehículo automotor (-42.78), robo a transportista (-22.53), violación simple (-21.94), homicidio doloso (-19.06), robos totales (-18.79), robo a negocio (-13.94), violencia familiar (-8.7) y robo a casa habitación (-6.18).
Aunado a ello, el combate al narcomenudeo continúa, lo que generó que en comparación con 2019 hubiera 427.73 por ciento más de carpetas de investigación iniciadas por esta actividad.
Las cifras del gobierno federal arrojan que la entidad se encuentra en el lugar número 22 con el menor número de delitos; además, Puebla está ubicada por debajo de la media nacional en la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes.
Recientemente, elementos de la Policía Estatal aseguraron cuatro pipas que presuntamente eran utilizadas para el robo de gas LP, durante un recorrido por el tramo Acatzingo-Nopalucan, cuando detectaron tres unidades con rótulos de empresas gaseras pero cubiertas con lonas, con la intención de evitar su ubicación, la tercera unidad fue asegurada en el municipio de Tecamachalco, en la zona conocida como Libramiento Pino Suárez, en donde los agentes ubicaron una pipa que, al revisar, no contaba con placas ni registro vehicular.
Tan solo en noviembre, la Policía Estatal desarticuló dos bandas dedicadas al robo a transporte público y al transporte de carga, respectivamente. En una primera acción, agentes estatales detuvieron en inmediaciones del Mercado Independencia a cinco presuntos integrantes de una banda dedicad a la extorsión y robo en unidades de transporte público, a quienes además se les encontró en posesión de diversas sustancias. Mientras que en una segunda acción y a través el C5, se logró la captura de cuatro sujetos que robaron un tractocamión sobre el Periférico Ecológico, presuntamente dedicados al robo a transporte de carga.
Este año, la Secretaría de Seguridad Pública intervino en municipios en donde estaba en juego la gobernabilidad y la tranquilidad de la ciudadanía, como por ejemplo en el municipio de Tehuacán, en donde el gobierno del estado detuvo al jefe de una de las bandas criminales de mayor peligro en el municipio, una banda caracterizada por cometer crímenes como “ajuste de cuentas”.
La banda está relacionada con la aparición de restos humanos en una bodega de la junta auxiliar de Santa Cruz Acapa, que, de acuerdo con información de la Fiscalía, pertenecían a tres sujetos que de igual manera habrían estado vinculados con el narcomenudeo en la zona.
DESAPARECE EL PUEBLITO Y METEN EN CINTURA A PENALES
Con la desaparición del llamado Pueblito, del penal de San Miguel, el gobernador dio un fuerte golpe a los grupos que pretendían seguir controlando dicho centro penitenciario y, asimismo, puso orden en el resto de los Ceresos del estado.
En julio de este año, el mandatario informó que se acabaron los privilegios en el penal, luego de que se llevó a cabo la destrucción de 102 habitaciones, dos gimnasios y dos kioscos construidos con materiales de lujo durante gobiernos pasados.
El Pueblito representó la corrupción que se toleraba en administraciones anteriores, en este año de ejercicio del mandatario, aproximadamente desde enero, se ordenó su destrucción. El piso, por ejemplo, estaba acondicionado con cimentaciones y concreto de alta calidad resistentes para soportar ese tipo de construcciones.
El dinero para construir el Pueblito provino de los propios secretarios, aunque no precisó el gobernador si fueron desviados recursos del presupuesto asignado de la propia Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, ya se investiga.
El mandatario se refirió a dicha zona en el penal de San Miguel como un lugar de solapamiento, de convivencia ilegal, en donde ahora se sabe que se permitía que mujeres ingresaran a ejercer la prostitución y se auspiciaba la venta de droga.
Durante años existieron estas irregularidades en el reclusorio y los gobiernos anteriores al suyo “hicieron que no lo veían porque recibieron beneficios”; por ello, con el arranque de su gobierno ordenó la destrucción del Pueblito, pero al menos dos de sus exsecretarios de Seguridad Pública lo desobedecieron y lo engañaron.
Esta situación también arrastró los penales en donde se cometían irregularidades, pero además el gobierno del estado anunció una inversión de mil millones de pesos para el equipamiento y mejoramiento de los centros penitenciarios.
Algunos equipos instalados en los penales han impedido que continúen cometiéndose irregularidades, por citar un ejemplo, en octubre pasado, tras aplicar los protocolos de seguridad a las visitas de las Personas Privadas de la Libertad del Centro Penitenciario Puebla, agentes de la Policía Estatal evitaron el ingreso de aparente marihuana que tendría un valor en el mercado negro de 24 mil pesos.
A través de la cámara de Rayos X denominada “Bodyscan”, los agentes detectaron que una persona llevaba entre su ropa interior diversos paquetes, por lo que lo revisaron y descubrieron que llevaba hierba seca con características de la droga conocida como marihuana.
Los paquetes tenían un peso aproximado de 305 gramos, que en el mercado negro tendría un valor de 24 mil pesos. El detenido fue identificado como José Arturo N., quien quedó a disposición de las autoridades ministeriales.
RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL Y LA ASE
Durante el tercer año de gobierno, el mandatario dio paso a la renovación de dos instituciones que son cruciales en el combate a la corrupción y en garantizar que la justicia llegue a todos los rincones del estado.
El más importante, por su capacidad de operación, es el Poder Judicial. Con la propuesta de Reforma Judicial que este año envió el Ejecutivo del estado al Congreso del Estado y que fue aprobada por unanimidad por los 41 legisladores, nació un nuevo Poder Judicial.
Un defenestrado Héctor Sánchez Sánchez dejó de ser el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, renunciando posteriormente a la propia magistratura; en su lugar, fue electa la magistrada Margarita Gayoso Ponce.
También se dio paso a la nueva integración del Consejo de la Judicatura, a través del cual Héctor Sánchez mantenía protección y privilegios hacia algunos magistrados, como Jared Albino —investigado por haber recibido sobornos por parte de Eukid Castañón.
El Consejo de la Judicatura, el cual presidía también Sánchez Sánchez, tendrá la tarea de iniciar las investigaciones sobre las irregularidades en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y proceder contra los responsables.
Héctor Sánchez dejó la presidencia del TSJ tras cuatro años de haberse encumbrado en el Poder Judicial, en medio de irregularidades y señalamientos por malos manejos administrativos que incluso involucraron a su esposa, la diputada Mónica Silva Ruiz, en una campaña para promocionar su imagen.
En medio de una serie de escándalos, por su cercanía con el exgobernador Antonio Gali Fayad, y deficiencias en resoluciones del Poder Judicial, el magistrado dejó la presidencia del tribunal y su lugar asumió la magistrada Margarita Gayosso Ponce, el pasado 27 de octubre.
El cambio se efectuó en medio de la reestructuración del Poder Judicial con la reforma a la Constitución Política del Estado de Puebla para modificar de fondo su composición y dividir las facultades de cada órgano.
La nueva era dentro del Poder Judicial del Estado dio inicio formalmente con dos pasos importantes que marcaron su historia: el nombramiento de la primera magistrada presidenta y la elección del encargado de implementar la reforma constitucional.
El gobernador nombró a María Josefina Teresa Osorio Cuéllar, el Congreso local hizo lo propio con Joel Sánchez Roldán y Vania Giovana Peñasco Sosa, mientras que el Tribunal Superior de Justicia propuso a Carlos Palafox Galeana y Rosalba Elena Zárate Herrera, siendo el exconsejero jurídico del gobierno del estado el designado por sus compañeros como presidente del Consejo de la Judicatura.
Otra de las instituciones a las que el gobernador dio paso para su reforma, es la Auditoría Superior del Estado, en donde despachaba el defenestrado Francisco Romero Serrano.
Romero fue vinculado a proceso el pasado 4 de marzo, por el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita. Ingresó al penal el 25 de febrero por violencia familiar.
Finalmente, el 31 de marzo, el Congreso de Puebla aprobó por mayoría la destitución de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado, y en su lugar fue nombrada Amanda Gómez Nava, a quien muy recientemente el gobernador se refirió como su “hermanita”.
