El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Consejería Jurídica, presentó una controversia constitucional contra la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Cholula para el ejercicio fiscal 2025.
La impugnación, registrada bajo el expediente 37/2025, señala al Congreso del estado de Puebla y al Ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Tonantzin Fernández, de Morena, por presuntas irregularidades en el cobro de derechos municipales.
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El gobierno de @Claudiashein, por conducto de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, presenta controversia constitucional contra la Ley de Ingresos del @GobiernoCholula, que encabeza la presidenta @TonantzinFdz, de #Morena. pic.twitter.com/riKjuQZ1fR
— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 6, 2025
El Ejecutivo federal impugnó específicamente el Artículo 21 de dicha Ley de Ingresos, la cual establece tarifas por la expedición de licencias de uso de suelo, construcción y otros permisos urbanos.
Sin embargo, en este apartado, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula estaría cobrando por la expedición de licencias de uso de suelo y construcción a empresas que almacenan o distribuyen gas LP o equivalentes, un rubro que correspondería en dado caso cobrar a la federación, al no ser de competencia municipal.
De acuerdo con el oficio difundido por el periodista Arturo Luna Silva, la controversia fue admitida el 20 de febrero de este año y se encuentra en manos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, pues el documento especifica un cobro de 88.50 pesos por metro cuadrado para todo establecimiento que almacene o distribuya gas LP o natural en cualquiera de sus modalidades, así como para los que distribuyen gasolina o diésel o petróleo.
Además, se había fijado una tarifa de 50 pesos por el almacenamiento o comercio al por mayor de productos derivados del petróleo, exceptuando el combustible, cobros que no corresponden a los gobiernos municipales.
El documento fue remitido por la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, llegó al Alto Tribunal y como parte de la instrucción del caso, se habilitarán días y horas extraordinarias para la notificación de los involucrados.
El expediente fue formalmente registrado en la Subsecretaría General de Acuerdos, dentro de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. La ministra Norma Piña, en su calidad de presidenta de la SCJN, giró instrucciones para el análisis de los argumentos y la determinación de su procedencia, por lo que, por ahora, el caso sigue su curso en el máximo tribunal del país.
