La administración estatal encabezada por Alejandro Armenta emprendió una nueva acción legal en contra de la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones S.A. de C.V., luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara el pago de hasta 2 mil 200 millones de pesos como compensación por la cancelación de una concesión otorgada en 2012 para la construcción del Libramiento Poniente.
José Luis García Parra, coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, informó que ya se presentó un recurso de revisión ante las instancias judiciales pertinentes, con el fin de revertir el fallo, que consideran desproporcionado.
El proyecto del Libramiento Poniente pretendía enlazar el Arco Norte con la Autopista Siglo XXI, pero nunca se materializó. La concesión fue revocada hace más de una década, lo que desató una disputa legal en la que la empresa constructora exige una millonaria indemnización al estado por la cancelación del contrato.
Aunque la SCJN resolvió que el gobierno debía cubrir más de dos mil millones de pesos, Melgarejo ha propuesto una salida conciliatoria, planteando que se le paguen 998 millones de pesos en parcialidades.
No obstante, García Parra advirtió que dicho monto representa un impacto significativo en las finanzas públicas, equivalente al costo de más de 900 patrullas o cinco veces el presupuesto del sistema de videovigilancia para la autopista México-Puebla-Veracruz.
Por ello, reiteró que la postura de la administración estatal es clara: defenderá los recursos del estado y se opondrá al pago hasta agotar todos los recursos legales disponibles.
El Gobierno de Puebla insistió en que no se puede aceptar una compensación de tal magnitud por una obra que jamás fue construida.
