El estado de Florida ejecutó este martes a Kayle Bates, un exmilitar de 67 años condenado por homicidio en 1983, en lo que representa la décima pena de muerte aplicada en la entidad en apenas ocho meses, una cifra récord desde la reinstauración de la pena capital en Estados Unidos en 1976.
Bates fue declarado culpable del secuestro, intento de violación, robo y asesinato de Janet Renee White, ocurrido en 1982. La ejecución se llevó a cabo en el Penitenciario Estatal de Florida, cerca de Starke, mediante el protocolo de inyección letal de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un agente cardíaco.
La defensa de Bates interpuso recursos alegando errores en el proceso, entre ellos la negativa a realizar pruebas de ADN, la composición de un jurado exclusivamente blanco y posibles daños cerebrales vinculados a su servicio militar. Sin embargo, todas las apelaciones fueron rechazadas y el gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución sin otorgar clemencia.
El esposo de la víctima, Randy White, presenció la ejecución y declaró tras el procedimiento:
“Estoy mentalmente en paz. Justicia se hizo para ella”.
Con esta muerte, Florida acumula más de un tercio de las ejecuciones registradas en Estados Unidos en 2025, y mantiene programadas al menos dos más antes de finalizar el año. En total, el país suma hasta ahora 29 penas capitales ejecutadas en lo que va del año.
Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado el ritmo acelerado de ejecuciones en Florida, especialmente en casos de exmilitares, al considerar que se trata de un fallo estructural y ético en el sistema de justicia penal.
