El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, se dijo dispuesto a llevar ante la justicia a los responsables de provocar un hoyo financiero de 2 mil 700 millones de pesos en el gobierno del estado, derivado de un litigio perdido por la recuperación de estímulos fiscales durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Aunque reconoció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede actuar en el tema con una investigación de oficio, garantizó que una vez presentadas las denuncias se aplicará el máximo peso de la ley caiga quien caiga y sin importar colores partidistas.
“No podemos nosotros intervenir oficiosamente en ese tipo de hechos, tendríamos que recibir las denuncias y he anunciado que cuando las tengamos investigaremos ante la probabilidad de la comisión del delito. No sé si antes no lo harían (investigar), ahora lo hacemos, es hasta aplicar la ley a quien corresponda”, aseguró.
La semana pasada, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, advirtió que presentarán denuncias penales contra los responsables de un boquete financiero en las arcas estatales por 2 mil 700 millones de pesos durante la gestión panista.
El gobierno de Puebla pagó dicho monto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), luego de que, en 2015, el entonces gobierno estatal contrató al despacho en asesoría fiscal llamado Sistemas LAC para solicitar la devolución de impuestos de 2009 y 2010 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que Puebla recibió 702 millones de pesos a finales de 2015 y principios de 2016.
El problema vino cuando, en 2018, el SAT determinó que la devolución fue incorrecta e ilegal, dado que la solicitud fue sustentada en una disposición de 2008 que consistía en que las entidades públicas podían usufructuar el reintegro de sus retenciones del ISR, pero sólo si firmaban un convenio de colaboración con el gobierno federal antes del 30 de abril de 2009.
La disposición se hizo efectiva, aunque el gobierno de Puebla en tiempos del morenovallismo ni siquiera estaba adherido a las disposiciones fiscales sino hasta 2011, una vez que ya no podía surtir efectos de manera legal la devolución del ISR.
Luego de que en 2018 el SAT notificó al gobierno estatal de Antonio Gali Fayad sobre la falta, el mandatario decidió, bajo el consejo de su antecesor, promover un litigio en el que el monto a pagar aumentó de 700 a 2 mil 700 millones de pesos, lo que implicó un pago mensual de entre 20 y 30 millones de pesos.
En las líneas de Hipócrita Lector se dio a conocer que, para concretar la devolución del ISR a las arcas de Puebla, la empresa Sistemas LAC firmó dos contratos con el cobro de honorarios por 250 millones de pesos en 2012 y por 190 millones de pesos más, tres años después.
Marina Castro Moreno, entonces directora General de Administración de la Secretaría de Finanzas, fue la responsable de gestionar la devolución de los recursos ante el SAT correspondientes a los ejercicios fiscales 2011 y 2012, lo que significó a largo plazo una caída de 2 mil 700 millones de pesos en el pago del litigio.
