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domingo, febrero 5, 2023
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Exige Barbosa renuncias de mandos policiales municipales vinculados con el crimen

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El asesinato del comandante de la policía municipal de Tulcingo de Valle y la destitución de todos los policías de aquella localidad, motivó al gobernador Miguel Barbosa Huerta a exigir a los presidentes municipales que destituyan a los mandos policiacos que estén vinculados con hechos delictivos.

El mandatario advirtió que su gobierno no permitirá que estén al frente de las corporaciones municipales servidores públicos que no cuenten con las “condiciones legales” para desempeñarse como jefes policiacos.

“Personas así acaban siendo malos servidores públicos”, sentenció tras revelar que el comandante de Tulcingo de Valle desempeñaba el cargo a pesar de no haber aprobado los exámenes de control y confianza.

Tal y como lo había anunciado a principios de este mes, el mandatario enviará en esta misma semana la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal al Congreso del Estado, para que los diputados la analicen y, en su caso, aprueben antes de que concluya el año.

Dicha reforma contempla candados para obligar a los ayuntamientos a aplicar filtros más rigurosos para la contratación de mandos y policías, con la finalidad de garantizar que no estén vinculados públicamente con actividades ilícitas.

“Esta semana presentamos una reforma para obligar a los ayuntamientos a solamente contratar para las fuerzas del orden municipal a personas que no tengan vínculos públicos con actividades ilícitas o, desde luego, señalamientos en contra de ellos, como presuntos delincuentes”, expuso Barbosa Huerta.

El de Tulcingo de Valle es el segundo caso en menos de un mes en el que están involucrados policías con antecedentes criminales, pues recientemente en el municipio de Chignahuapan asesinaron a dos policías municipales, de los cuales, uno contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

“Les digo a los presidentes municipales que separen de su cargo, si hoy los tienen, a quienes no tienen las condiciones legales para que sean policías o jefes policiacos. No lo vamos a permitir”, sentenció el mandatario.

Maurilio Herrera, comandante de la policía municipal de Tulcingo de Valle, fue asesinado y su cuerpo desmembrado, embolsado y tirado en un parque infantil de dicha localidad. Sus restos fueron acompañados por un mensaje escrito en una cartulina, la cual fue colocada sobre una de las estructuras de los juegos del parque.

La víspera, el comandante policiaco había difundido un video en el que confesaba haber sido responsable de un multihomicidio registrado en la región días antes. Su ejecución fue difundida también en un video, en el que relató los motivos que lo llevaron a cometer el asesinato de cuatro personas de la comunidad.

“Efectivamente los golpeamos, opté por cortarle la garganta a Peter. Y ya de ahí le dije a Diego Cabañas que le cortara la garganta a las otras tres personas”, narró Maurilio Herrera ante la cámara. Los cuerpos aparecieron con signos de haber sido torturados el 15 de noviembre en Jilotepec, en el vecino estado de Guerrero.

Respecto a los hechos, el gobernador aseveró la mañana de este martes que es muy pronto para advertir cómo ocurrieron los hechos, ya que se cuenta con “mucha información” en torno a las versiones de lo acontecido en el municipio.

Lo que sí adelantó el titular del Ejecutivo estatal es que el comandante Herrera no contaba con los exámenes de control y confianza aprobados, por lo que a pesar de ese antecedente el alcalde lo nombró en dicho cargo.

“El director de la policía, el jefe policiaco asesinado, no tenía aprobados exámenes de control y confianza y, a pesar de eso, fue designado en el cargo. No voy a imputarle a él nada porque es parte de la investigación, pero el señor no tuvo por qué estar en el cargo de jefe de la policía allá en Tulcingo de Valle”, recriminó Miguel Barbosa.

Tras los acontecimientos, el presidente municipal de dicha localidad, José Edgar García Ramírez, pidió la renuncia a todos los policías municipales; no obstante, el mandatario informó que elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional tomaron el control de la seguridad pública para no dejar desprotegidos a los habitantes.

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