En una audiencia que cumplió las nueve horas completas, este martes el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) desmenuzó los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento que se le imputan al dirigente capitalino del PAN, Jesús Salvador Zaldívar Benavides, quien escuchó las acusaciones de la agente ministerial y se acogió al plazo constitucional de 144 horas para preparar su defensa, por lo que la audiencia para resolver si es o no vinculado a proceso se retomará el próximo lunes 19 de febrero.
Al filo de las 23:00 horas, el exdirector general del Conalep abandonó la Casa de Justicia Penal de la ciudad, a su salida lo esperaba su familia. Se fue tranquilo, pues minutos antes de concluir la audiencia y tras un largo debate, el juez de Control concedió como medidas cautelares acudir a firmar mensualmente y la prohibición de acercarse a los testigos del caso.
No obstante que el Ministerio Público solicitó al juez Francisco Javier Martínez Castillo, que la periodicidad de la firma fuera de 15 días, así como imponer una garantía económica de 300 mil pesos, el juzgador determinó que no estuvo bien sustentada su proposición.
Aunque no se le acusa directamente de peculado o malversación de recursos públicos, este martes en la audiencia de vinculación, Jesús Zaldívar escuchó de voz del representante social los delitos que presuntamente cometió a su paso por la Dirección General del Conalep en 2018.
Las acusaciones de la representante de la Fiscalía, Antonia Vázquez Torres, estuvieron sustentadas en los datos de prueba que presentó durante más de cuatro de las nueve horas que duró la audiencia de juicio oral, celebrada en la sala número 4 de la Casa de Justicia Penal de Puebla.
Se trata de 19 contratos diversos que suman un monto global de 30 millones 137 mil 452 pesos, destinados al mantenimiento, equipamiento y promoción de algunos planteles educativos del Conalep, y que la fiscalía puso en tela de juicio al señalar que no se recibieron los bienes y los servicios de las empresas contratas, además de que se simularon actas de entrega-recepción, mediante la falsificación de firmas.
Todo ello fue desglosado por la agente del Ministerio Público apoyada en las 13 mil 700 fojas del caso, aunque durante la presentación o formulación de la imputación del delito al acusado, el juez tuvo que decretar dos recesos.
Las pruebas exhibidas por el representante social tienen como objetivo comprobar, primero, la existencia del delito de abuso de autoridad, para lo cual mostró los oficios con los cuales Jesús Zaldívar solicitó una ampliación presupuestal a la entonces Secretaría de Finanzas y Administración, mismos que fueron autorizados por el entonces subsecretario de Egresos, Francisco Javier Zúñiga Rosales.
Lo anterior, pese a que el entonces director del Conalep no contó con la autorización de la Junta Directiva de dicho organismo público descentralizado, facultada para ello. Dichos recursos fueron destinados a los planteles, según la justificación de la solicitud de ampliación exhibida por el Ministerio Público.
Algunos de los contratos firmados por Zaldívar Benavides tienen como objeto mantenimiento correctivo, aplicación y suministro de pintura, entrega de lámparas fluorescentes, promoción de la oferta académica en espectaculares, adquisición de material eléctrico, papelería, consumibles, mantenimiento y equipos de cómputo, entre otros, cuyas montos y empresas observadas varían.
Por otro lado, la fiscalía presentó pruebas para demostrar que incurrió en el delito de falsificación de documento oficial, mediante la exhibición de las actas de entrega-recepción de los bienes y servicios contratados, en las cuales —de acuerdo con los testimonios presentados durante la audiencia— las firmas fueron falsificadas.
Además, presentó los dictámenes de peritos en fotografía para evidenciar que las imágenes que aparecen en los anexos de los contratos no corresponden con la realidad de los planteles en donde supuestamente se aplicaron los recursos, por lo que la agente del MP concluyó que hubo pagos ilegales y actos simulados de entrega-recepción de los bienes y servicios contratados.
Entre las pruebas testimoniales, destaca la de la exdiputada Aurora Sierra, quien falleció en agosto del año pasado y quien fungió como directora del plantel Puebla-III. Entrevistada por un agente investigador de la fiscalía, la exfuncionaria rechazó que las firmas aparecidas en el acta sean suyas e incluso que las fotografías de los laboratorios de uno de los contratos correspondan al plantel donde ella laboraba.
Todo ello llevó al agente del MP a señalar Zaldívar Benavides como el autor material de los delitos que se le señalaron durante la audiencia, cuyo antecedente se ubica en una denuncia presentada de manera anónima en 2019, y que dio paso a una investigación de la Secretaría de la Función Pública, la cual presentó una denuncia ante la FGE.
Tras desahogar todas las pruebas testimoniales, materiales y documentales del caso, la agente del MP formuló la imputación de los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento 6 y 8 años de prisión, respectivamente, para lo cual solicitó al juez de Control que el dirigente municipal panista fuera vinculado a proceso.
Sin embargo, el acusado se acogió al término constitucional de 144 horas para preparar su defensa y retomar la audiencia en la que se determinará su situación jurídica. Por lo que esta deberá continuar el lunes a las 11:00 horas.
En caso de que se determine su vinculación a proceso correrá el plazo para continuar con la etapa intermedia de investigación en la que ambas partes podrán allegarse de más pruebas para fijar posturas en el caso.
