Fernando N. casi no extrañaba las comodidades de las que gozaba hace unos meses. Barbería, sexo casual, contratación de scorts, servicio al cuarto, drogas y bebidas al gusto, sin importar marca y mucho menos precio.
Fernando, podría decirse, seguía su vida como la de cualquier otro sujeto. La diferencia es que es inquilino del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, conocido como San Miguel. ¿Cómo logró Fernando, preso por fraude y lavado de dinero, llevar la vida como lo hacía? Era uno de los reos privilegiados con el exclusivo servicio de El Pueblito, un complejo de 104 cuartos que fueron construidos a la vista de todos y por el que las autoridades en turno obtenían ganancias hasta de 3 millones de pesos semanales.
Esos ingresos que, anualmente se traducían en una bolsa de hasta 144 millones, se iban a las bolsas de quienes operaban y solapaban este centro y que están bajo investigación de las autoridades estatales. “De todo estaban enterados”, señala el gobernador Miguel Barbosa.
Los internos del penal de San Miguel perdieron su libertad, pero encontraron adentro las mismas y hasta mejores comodidades, pues en el Pueblito contaban con espacios privados para encuentros íntimos, bajo la permisibilidad de las autoridades penitenciarias ingresaban mujeres a ejercer la prostitución en esos cuartos construidos con blocks y cementos, lejos de aquellas celdas frías, sin colchones ni cobijas.
Los delincuentes privilegiados podían continuar vida dentro del penal, tenían a su alcance restaurantes, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa de zapatos, gimnasios e incluso estéticas, como cualquier otra persona que no está privada de su libertad, como quien no se encuentra en un proceso de readaptación social.
En todo eso fueron convertidos los 104 cuartos que se construyeron desde hace varios años, es imposible precisar desde qué administración estatal, pues requirió de un trabajo fino de ingeniería civil para colocar cimientos, empleando materiales de alta calidad, como lo precisó el actual secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna.
También fueron instalados baños, una ferretería, dos quioscos y gimnasios, en donde los reos podían mantener su estilo de vida, esperar sentencias o purgar condenas.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) difundió las fotografías de los 104 cuartos o locales antes de ser demolidos, mismos que fueron construidos ilegalmente en administraciones pasadas.
Las actividades que se permitían realizar en estos espacios, como la prostitución y venta de droga, generaban una jugosa ganancia para quienes solaparon su operación, por ello, a decir del mandatario, ninguna autoridad se atrevió a destruirlo.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo fueron los anteriores secretarios de Seguridad Pública quienes no cumplieron con su instrucción de destruir el llamado Pueblito de San Miguel, ya que también obtenían beneficios de este.
La última etapa del proceso de destrucción de estos espacios concluyó este 13 de julio, luego de retirar los últimos elementos que quedaban del piso como varillas, estas acciones fueron registradas por un notario público que dio fe de las actividades realizadas. El espacio que ocupaba el Pueblito será ocupado para ampliar el penal de San Miguel, se construirán más dormitorios y un comedor.
“Esta tarea da cumplimiento a la instrucción del gobernador Miguel Barbosa Huerta y se suma a otras que ha emprendido la dependencia en los centros penitenciarios, a fin de regularizar las actividades al interior de los mismos para fortalecer el sistema de justicia en la entidad, mediante el combate a la corrupción y la impunidad”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.
CIFRAS
- 104 Cuartos habían sido construidos dentro de El Pueblito.
- 144 Millones de pesos al año se iban a las bolsas de quienes operaban y solapaban este centro.
