El gobierno del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un ambicioso plan para recortar el presupuesto y simplificar las regulaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), lo que ha desatado preocupaciones entre organizaciones defensoras del control de armas en Estados Unidos.
El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha estado inspeccionando la operación de la ATF con el objetivo de eliminar alrededor de 540 inspectores, lo que representa dos tercios de la plantilla actual. La administración también propone modificar unas 50 regulaciones internas, entre ellas, reducir el tiempo de resguardo de archivos de compradores de armas de permanente a 20 años, y extender el periodo de verificación de antecedentes de 30 a 60 días.
Otra medida altamente polémica es la propuesta de simplificar el formulario 4473, indispensable para iniciar la compra legal de armas, el cual pasaría de siete páginas a solo tres. Esta reducción preocupa a expertos que advierten que podría dificultar la identificación de compradores con antecedentes penales o riesgosos.
Además de estas reformas, la fiscal general Pam Bondi ha planteado la posibilidad de fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA), lo que modificaría radicalmente la estructura de control sobre la venta y posesión de armas de fuego en el país.
Según medios estadounidenses, el presupuesto del ATF sería reducido en un 25 % en el próximo año fiscal, lo que representa una baja significativa para la agencia encargada de vigilar el cumplimiento de la ley en materia de armas.
Estas iniciativas surgen en un contexto alarmante: en lo que va de 2025, 7,358 personas han muerto por armas de fuego en EE.UU. y otras 13,203 han resultado heridas, de acuerdo con cifras de la organización Gun Violence Archive. Entre las víctimas se encuentran 503 adolescentes fallecidos y 1,424 heridos, además de 192 tiroteos masivos contabilizados hasta la fecha.
Diversas organizaciones civiles han expresado su preocupación de que esta reducción de controles abra nuevas lagunas legales y operativas, debilitando los sistemas existentes para evitar que las armas lleguen a manos equivocadas.
Mientras la administración defiende su plan como una vía para eliminar “burocracia innecesaria”, los opositores temen un incremento en la violencia armada y la impunidad en un país ya profundamente afectado por esta crisis.
