La Administración del presidente Donald Trump ha implementado sanciones contra seis ciudadanos mexicanos y siete empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, acusados de participar en operaciones de lavado de dinero para esta organización designada recientemente como terrorista.
El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó que estas acciones buscan interrumpir los flujos financieros del cártel, debilitando su capacidad para introducir drogas letales en Estados Unidos y protegiendo vidas estadounidenses.
Las sanciones, anunciadas el 31 de marzo de 2025, incluyen a Enrique Dann Esparragoza Rosas, identificado como líder de una célula de lavado de dinero en Mexicali, Baja California, que habría blanqueado al menos 16.5 millones de dólares para las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa. También fueron sancionados Alan Viramontes Sesteaga, asociado directo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar; Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Páez Vargas, operadores en Mexicali; y Alberto David Benguiat Jiménez y Noe Amador Valenzuela, acusados de establecer una red que habría lavado más de 50 millones de dólares.
Además de las personas físicas, siete empresas mexicanas fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., acusadas de servir como fachadas para las operaciones de lavado de dinero del cártel. Estas sanciones resultan en la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Estas medidas se enmarcan en la reciente designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera por parte de la administración Trump, lo que permite a las agencias estadounidenses utilizar herramientas adicionales para combatir el financiamiento de esta organización.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que “el dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del Cártel de Sinaloa”, y que estas sanciones buscan cortar esos flujos financieros ilícitos.
La colaboración entre el Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha sido crucial en la identificación y sanción de estas redes de lavado de dinero, reflejando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.
