A pesar de las contundentes negativas de los exalcaldes de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, sobre la existencia de irregularidades u hoyos financieros durante sus administraciones, los números no mienten. Hasta la fecha, los panistas tienen sobre sus hombros requerimientos por el presunto manejo irregular de al menos mil 032 millones de pesos.
De ese monto, 485 millones corresponden a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022 y surgieron de las revisiones realizadas por las auditorías Superior de la Federación (ASF) y Superior del Estado (ASE). La primera halló irregularidades por 61.6 millones, mientras que la segunda detectó un daño patrimonial por 45.6 millones, pero también ordenó la aclaración del destino de otros 377.7 millones.
A esto se suman otros 547 millones a consecuencia del hoyo financiero que heredaron a la administración del morenista José Chedraui Budib, debido a que se gastaron más dinero del presupuestado e incluso comprometieron pagos con dinero que no les correspondía este 2024.
El panorama se complica todavía más porque las instancias auditoras todavía no dan a conocer los resultados de la revisión de las cuentas públicas 2023 y 2024 del Ayuntamiento de Puebla.
La ASF, por ejemplo, ha sido clara: la administración de Eduardo Rivera dejó el Ayuntamiento de Puebla en un mar de irregularidades, pues tan solo en su primer año completo de gestión habría causado un daño patrimonial estimado en 61.6 millones de pesos.
Este informe, que salió a la luz en febrero de este año y revisó los procesos de adjudicación de 2022, colocó a Puebla entre los municipios con las mayores cifras de irregularidades fiscales a nivel nacional, solo por debajo de monstruos del gasto público como Ecatepec, Nezahualcóyotl o Álvaro Obregón.
Esta fue una revelación que convirtió a Rivera en el séptimo alcalde con la mayor cantidad de posibles desvíos detectados en el país, por la contratación de servicios variopintos como asesorías, consultorías, el fallido chatbot “Ángela” y otros proyectos de obra pública con sospechas de corrupción.
En tanto, la ASE reveló un panorama nada diferente, al apuntar que, en el mismo año fiscal, el exedil Eduardo Rivera ocasionó un posible daño patrimonial por otros 45.6 millones de pesos, equivalentes a 124 mil 957 pesos diarios ejercidos indebidamente.
Uno de los casos más llamativos fue el relacionado con la venta de vehículos chatarra del corralón, que mostró una discrepancia alarmante entre los ingresos registrados y lo que realmente debió ingresar al erario municipal.
Todas estas anomalías señalan el caso específico del ejercicio fiscal 2022; sin embargo, el gobierno de José Chedraui Budib comenzó desde la Contraloría las investigaciones por un hoyo financiero de 547 millones de pesos heredado al cierre de octubre de 2024 por Adán Domínguez, piedra angular en el entramado de acusaciones por excesos en el ejercicio del gasto público durante el trienio panista en la capital.
ASF APUNTA A DAÑO POR 61.6 MDP
Las observaciones de la ASF evidenciaron serias irregularidades durante la gestión de Eduardo Rivera Pérez, al haber heredado un posible daño patrimonial de 61.6 millones de pesos en 2022. La ASF auditó un total de 114.5 millones de pesos y encontró que más de la mitad de ese monto (53.8 por ciento) presentaba anomalías que podrían traducirse en perjuicios para las finanzas públicas del municipio.
Las anomalías detectadas incluyeron asesorías legales en las que no se presentaron documentos clave, como las constancias fiscales de empresas proveedoras, y la falta de facturación en contratos como el del sistema “Ángela”, un chatbot anunciado como avance tecnológico, pero que resultó ser una simple asistencia virtual por WhatsApp.
En cuanto al desglose del daño patrimonial, 57.2 millones de pesos correspondieron a diversas deficiencias en servicios de asesoría y publicidad. Un monto significativo, de 16.1 millones de pesos, relacionado con el contrato de difusión estratégica con la agencia Chávez, Cuevas, Jauregui y Barber, mientras que 36.2 millones de pesos provienen de irregularidades en un convenio por un juicio civil.
La ASF también detectó un posible daño por 4.5 millones de pesos, relacionado con inconsistencias en los pagos de Participaciones Federales y la falta de documentación en la entrega-recepción de tres licitaciones de obra pública, incluyendo contratos para bacheo y mejoras viales.
El exalcalde también fue señalado por la falta de pruebas de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de obras públicas, como el bacheo de calles en el municipio, donde no se presentaron las pruebas necesarias que confirmaran que los materiales utilizados cumplían con los estándares requeridos.
OTRO DAÑO DE 45.6 MDP
En tanto, el resultado de la revisión del ejercicio del gasto de la ASE no fue diferente. En su reporte del 2022, reveló un posible daño patrimonial, ahora por un monto de 45.6 millones de pesos y ordenó aclarar el destino de otros 377.7 millones.
Entre las principales fallas detectadas por la ASE destacaron la venta de vehículos chatarra del corralón, donde hubo una discrepancia de 17 millones de pesos entre los ingresos registrados por la venta de vehículos y lo estipulado en la licitación pública.
Por otro lado, hallaron serias fallas en los contratos de servicios, como el de “box lunch” y el mantenimiento de fuentes, donde no se presentó la documentación necesaria para justificar los pagos. Además, las empresas contratadas no cumplieron con los requisitos de experiencia ni presentaron los informes esperados, como actas de entrega-recepción y comprobantes fiscales.
Un escándalo de gran magnitud fue la contratación de la empresa Remedios Producciones y Asociados, que se encargó del destape de Eduardo Rivera como candidato a la gubernatura de Puebla y fue una de las principales beneficiarias de contratos directos.
Sin embargo, la ASE detectó una serie de irregularidades, como la falta de documentación básica y un aumento injustificado en los montos contratados, lo que generó un daño patrimonial de 20 millones de pesos de los 45.6 millones totales detectados.
En el caso de la empresa JB System, se descubrió que los insumos de impresión fueron adquiridos con un sobrecosto de más del 200 por ciento. Además, los contratos con la empresa no fueron debidamente documentados ni justificados, lo que permitió que el costo inicial de entre 4.1 y 10.3 millones de pesos terminara ascendiendo a 12.36 millones de pesos.
Estas inconsistencias, que sumadas a otras, dieron un total de 45.6 millones de daño patrimonial, se suman a otros 377 millones 798 mil pesos de recursos que la ASE declaró en su momento pendientes por aclarar, sin que hasta el momento se haya brindado información alguna sobre si fueron subsanadas las observaciones por los panistas.
