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jueves, noviembre 21, 2024

Eduardo Rivera se queda sin DAP y arrastra a las Cholula

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El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, recibió un rotundo revés de parte del Congreso del estado que, a última hora, eliminó el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) dentro de su Ley de Ingresos 2022, perdiendo alrededor de 100 millones de pesos que estimaba recaudar el siguiente año.

La falta de operación política de parte del presidente municipal de la capital del estado con los diputados locales terminó arrastrando a los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, a los que también les fue retirado dicho cobro de sus leyes de ingresos.

En sesión extraordinaria prolongada hasta la 1 de la mañana, el Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, reservaron los artículos relacionados con los Derechos de Servicios al Alumbrado Público para votarlo en contra para los ayuntamientos de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula.

Al inicio de la sesión, los diputados de Morena simpatizantes con la exedil Claudia Rivera Vivanco, Iván Herrera Villagómez y Carlos Evangelista Aniceto, acusaron que todo el proyecto que se generó en torno al DAP tenía como objetivo fortalecer el proyecto político del alcalde de Puebla con miras a la elección de 2024, utilizando términos “técnicos, tecnócratas y neoliberales” para confundir a la población y no explicarles en qué consiste el cobro del DAP.

El coordinador de diputados del PRI, Jorge Estefan Chidiac, reviró los señalamientos al sostener que no se trataba de un traje a la medida de alguna autoridad, y enfatizó que se trataba de una regularización de un cobro que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de forma ilegal, y que a su parecer “se trata de un negocio”.

“Esto no va dedicado a ningún municipio, y no hay ningún alcalde para el cual trabajemos, lo que estamos buscando es sacar una decisión general para el 85 por ciento de los poblanos, y en ningún momento es un traje a la medida para nadie porque nosotros no tenemos ningún interés particular en nadie”, externó Estefan Chidiac.

En tanto, el líder de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, señaló al ala antibarbosista de Morena de convertir la tribuna del Congreso local en un “mercado de culpas” al acusar que durante en el gobierno de Claudia Rivera se eliminó este cobro.

“Para entender la ley no sólo hay que saber leer, hay que tener conocimientos en el arte de pensar, y esto no lo digo como alusión personal para que no se sientan aludidos, o para que en todo caso sigamos en un mercado de culpas en esta tribuna”, expresó Alcántara Montiel.

Sin embargo, tras un largo receso que se reanudó hasta la 1 de la mañana, la opinión de la mayoría dio un giro de 180 grados. El diputado de la bancada del Partido del Trabajo (PT), José Miguel Octaviano Huerta, consideró que los municipios de la zona metropolitana perciben una mayor cantidad de recursos de la ciudadanía por tener una gran base recaudatoria, por lo que no era necesario incluirlo.

Aurora Sierra Rodríguez fue la legisladora que planteó el argumento más inteligente y sustentado de rechazo al nuevo cobro, en el que no sólo reconoció la labor de sus compañeros y el gobierno del estado por su decisión de socializar el tema y cumplir a cabalidad con los procesos legislativos.

Pero, indicó que su voto en contra no se trataba de una venganza política en contra de alguna autoridad, aunque acusó que la propuesta tuvo una falta de introducción y de cabildeo institucional de parte de quienes presentaron esta propuesta.

Por su parte, Alcántara Montiel recriminó la falta de un mayor análisis de los dictámenes de leyes de ingresos municipales para considerar el beneficio que traería a los ciudadanos la recaudación de este derecho, además de ignorar el subsidio que se estaba aplicando para el siguiente año.

La legisladora panista, Patricia Valencia Ávila, negó que se trate de un interés político pues aseguró que es un tema de interés social, pues no se le puede agregar nuevos gravámenes a la ciudadanía.

El panista Rafael Micalco Méndez expresó que el DAP se trata de un impuesto inconstitucional en perjuicio de los ciudadanos que no debe ser legalizado, además de que apuntó que el Congreso local no está en condiciones de aprobar este cobro.

Los diputados también avalaron por por 26 votos a favor, 11 en contra y uno en abstención de votos las reformas a la Ley de Hacienda del Municipal del Estado, Ley de Hacienda del Municipio de Tehuacán, y los Códigos Fiscales y Presupuestarios de los municipios de Puebla y San Andrés Cholula para permitir el cobro del DAP.

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