En una evidente ignorancia de la Ley Orgánica Municipal, el alcalde Eduardo Rivera Pérez se negó a iniciar una investigación e imponer sanciones por la construcción, sin ningún tipo de permisos, del edificio que alberga las oficinas de Diario Cambio y transfirió la responsabilidad de cualquier procedimiento a la Fiscalía General del Estado, bajo el supuesto de una eventual existencia un presunto caso de lavado de dinero.
Incluso, dijo que actuará solo en caso de que la autoridad ministerial lo requiera a pesar de que son facultades de la Comuna sancionar cualquier construcción irregular en el municipio e incluso puede proceder a su demolición, si existen las condiciones jurídicas.
“Nosotros no tenemos ninguna opinión al respecto en concreto de esa investigación que tienen que realizar las autoridades ministeriales y son las que tendrán que desahogar, deslindar las responsabilidades del caso de la investigación que comentas. Si somos requeridos como autoridad al respecto de la misma, por supuesto, nosotros tendremos que ser actores y tendremos que cumplir con los mandatos que también nos imponga la autoridad jurisdiccional”, sostuvo.
Además de que el munícipe se negó a iniciar una auditoría a la construcción irregular, Hipócrita Lector buscó al área de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, dependencia a cargo de Michel Chaín; sin embargo, en dos ocasiones no hubo respuesta por parte del enlace encargado de proporcionar información a la prensa.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 78 “De las atribuciones de los Ayuntamientos”, el gobierno municipal está obligado a expedir licencias de construcción y vigilar el uso de suelo, motivo por el que no puede hacer caso omiso a los señalamientos contra la edificación del periódico Diario Cambio.
Son atribuciones de los Ayuntamientos, según dicha Ley: “XLIII. Otorgar licencias y permisos para construcciones
“XLV. b) La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas”.
Además de que la Ley Orgánica precisa las obligaciones del ayuntamiento en materia de construcción en el municipio, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla abunda aún más en ellas.
Por ejemplo, el Título segundo, artículo 16 señala que corresponde a los municipios: “XVIII. Expedir las autorizaciones, licencias, constancias de uso del suelo y permisos de las diversas acciones urbanísticas para construcciones, fraccionamientos, subdivisiones, segregaciones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, su reglamento, planes y programas de desarrollo urbano, sus correspondientes reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, y demás disposiciones jurídicas aplicables.
“XXXIII. Realizar inspecciones e imponer sanciones y medidas de seguridad a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, en términos de la Ley General, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones a las disposiciones jurídicas de tales planes o programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente”.
Lo anterior tira de tajo la declaración del panista sobre dejar a la fiscalía la responsabilidad de las investigaciones por ese “fantasma fiscal” edificado sobre la Privada 33 A Oriente, 1407, en el Fraccionamiento Anzures.
De acuerdo con un reportaje publicado por el periodista Álvaro Ramírez en Hipócrita Lector, este inmueble, con cuatro niveles y espacios de lujo, sólo existe físicamente, pero no hay permisos municipales, licencias, registros catastrales o de predial que avalen su construcción de forma legal.
De hecho, el sitio solamente está registrado como Predio Urbano “baldío”, por lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó al Ayuntamiento de Puebla a aplicar todo el peso de la ley contra este “fantasma fiscal”, propiedad del director de Diario Cambio, Arturo N., quien hoy está vinculado a proceso por los delitos de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, el imputado enfrenta una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera junto a su socio, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos.
