Ecuador atraviesa una situación crítica, con la tercera semana de protestas marcando el escenario social y político del país. Las movilizaciones en diversas zonas de la sierra ecuatoriana, especialmente en la provincia de Imbabura, se han intensificado debido a las decisiones del gobierno de Daniel Noboa, quien ha enfrentado la ira popular por la eliminación del subsidio al diésel. Este controversial ajuste económico ha generado una alta polarización en el país, con manifestantes desbordando las calles mientras el diálogo sigue siendo esquivo.
El clima de tensión se agudizó el lunes cuando la caravana presidencial de Noboa fue atacada mientras se dirigía a un evento en la zona de Tambo, provincia de Cañar. El presidente intentaba entregar ayudas financieras a las comunidades afectadas por el paro, pero fue recibido con piedras y palos, y, según versiones oficiales, el vehículo presidencial sufrió impactos de bala, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. Este es el segundo ataque a un convoy presidencial en menos de dos semanas, lo que ha desatado una ola de condenas tanto a nivel nacional como internacional.
Un país dividido y un presidente sin respuestas claras
El presidente Noboa no ha mostrado señales de retroceder en su decisión sobre el subsidio, a pesar de la creciente presión social. En su reciente intervención, el mandatario advirtió que quienes promuevan violencia y desorden serán llevados a la cárcel. Sin embargo, la Comunidad Internacional ha pedido que se aclare el ataque a la caravana presidencial, mientras que las voces críticas dentro del país exigen una explicación sobre las circunstancias de los hechos y el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes.
La situación también ha despertado la preocupación de expertos en seguridad, como Carla Álvarez, quien señaló que la falta de transparencia sobre estos eventos solo agrega incertidumbre a una crisis que se prolonga sin una salida clara. Álvarez sugirió que podría haber negligencia en las decisiones del gobierno al entrar en zonas conflictivas sin una adecuada inteligencia policial.
Protestas, economía y el futuro político de Noboa
Mientras las perdidas económicas por los bloqueos crecen, la amenaza de que el movimiento indígena logre tomar Quito ha puesto al gobierno a desplegar miles de militares y policías en la capital, en un intento por frenar la expansión del paro. Además, con el referéndum programado para el 16 de noviembre, las protestas podrían influir en el resultado de la consulta popular, donde se abordarán temas clave como la creación de una Asamblea Constituyente y las reformas de seguridad.
Las Fuerzas Armadas ejecutan el Plan de Defensa de Quito y operaciones en el norte del país.
Se mantiene el despliegue militar en sectores estratégicos para garantizar la seguridad, el orden público y la estabilidad nacional.#FFAAContigo 🇪🇨 #EcuadorUnaSolaFuerza pic.twitter.com/bfmogoRJqP— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) October 9, 2025
Para José Luis Fuentes, experto en políticas públicas, aunque el gobierno aún tiene margen para la negociación, el tema del subsidio al diésel es demasiado sensible. “Es necesario un enfoque gradual y negociado para evitar mayores conflictos”, afirmó.
¿Un acto de provocación o un intento de desestabilización?
El ataque a la caravana presidencial también ha desatado una guerra de versiones. Mientras el gobierno habla de actos terroristas financiados por el crimen organizado, el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, considera que la presencia de la caravana en zonas conflictivas fue una provocación deliberada para criminalizar la protesta social. La detención de comuneros en la zona de Tambo también se ha convertido en otro punto de discordia, con varios sectores acusando al gobierno de hacer un uso excesivo de la fuerza.
Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, acusó a la CONAIE de guardar silencio sobre el problema de la minería ilegal, lo que, según ella, está relacionado con el fondo del conflicto. Sin embargo, el debate sigue abierto sobre el financiamiento de las protestas, una cuestión que el gobierno asegura está vinculada a intereses criminales.
Futuro incierto y posibilidades de resolución
Con el creciente malestar social, Noboa ha comenzado a flexibilizar su posición sobre el subsidio al diésel, con la reciente decisión de compensar a los vehículos comerciales de carga pesada y el transporte escolar. No obstante, muchos temen que esta medida sea insuficiente para frenar la tensión social que se vive en el país. Las protestas, aunque focalizadas, siguen siendo una fuerza política de gran impacto, y el futuro del presidente Noboa podría depender de cómo maneje la situación en las próximas semanas.
