El gobernador Miguel Barbosa Huerta coincidió en que el Movimiento #UdlapLibre ya no tiene ningún argumento para mantener cerrado el campus de la institución en Cholula, estrategia que ha sido utilizada para crear confusión y distraer a la población del problema de fondo: el desfalco multimillonario que la familia Jenkins de Landa hizo al patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), por casi 730 millones de pesos.
No obstante, el mandatario estatal aclaró que serán los jueces los que tengan la última palabra sobre la continuidad de la familia Jenkins de la Landa al frente de la FMSJ y la Fundación Udlap, cuyo “teatro” se ha caído con los recientes resolutivos por parte de juzgados, a quienes pasaron de aplaudir a llamar “espurios”.
“Ya no hay forma de evitar que el campus universitario sea reabierto, hasta la fecha se usa ese argumento para tratar de distraer la atención sobre el desfalco a la fundación Mary Street Jenkins y a la propia Udlap (…), y que puedan ser los señores que desfalcaron a la fundación representantes, no puede ser. Simple y sencillamente no podría ni debe ser, pero esto es un litigio y que lo resuelvan las autoridades correspondientes”, dijo.
Y es que, con el reciente resolutivo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, los Jenkins de Landa se quedaron sin argumento alguno para mantener el cierre de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), tema que a decir del mandatario sólo busca ocultar el desfalco.
Saqueadores no pueden ser patronos
A decir del mandatario, los patronos –que permanecen prófugos de la justicia al tener órdenes de aprehensión por lavado de dinero, fraude, delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita– “no pueden, ni deberían” estar al frente de la fundación que les responsabilizó de saquear, con la complicidad de su abogado Virgilio Rincón Salas y el exgobernador Rafael Moreno Valle.
Sin embargo, el gobernador enfatizó en que las opiniones políticas vertidas sobre el tema, así como de quienes se suben al tema de la defensa de la Udlap y el movimiento de liberación del campus, no está la solución a la situación jurídica por el tema del saqueo, sino en los jueces.
“No puede ser, simple y sencillamente no puede ser, no debe ser; pero hay un juez, es un litigio; que lo resuelvan las autoridades correspondientes, no la opinión del gobernador o políticos, que lo resuelvan las autoridades”, enfatizó.
Movimiento en picada
En las últimas semanas, Hipócrita Lector ha dado cuenta de los golpes que ha recibido el movimiento #UdlapLibre y la familia Jenkins de Landa desde los resolutivos de jueces locales hasta federales, en los que la rectora Cecilia Anaya Berríos es conminada a que no se utilice el campus como medida de presión para exonerar a sus jefes.
