El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó este lunes que continúa el proceso de depuración al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los ministerios públicos, como parte de una estrategia integral para erradicar la corrupción e infiltración de grupos delictivos en las instituciones de procuración de justicia.
Durante su conferencia matutina, el mandatario estatal señaló que las acciones obedecen a un análisis detallado que reveló la operación de intereses criminales y económicos al interior de la Fiscalía.
“Estamos en un proceso serio de limpieza. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero ya iniciamos con investigaciones y salidas voluntarias”, puntualizó.
Por su parte, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, reiteró el compromiso de la institución con la transparencia y la legalidad.
“Estamos depurando la Fiscalía. No permitimos la corrupción”, aseveró.
Pastor informó que se han iniciado carpetas de investigación por posibles actos de corrupción y se han aceptado renuncias de funcionarios. También destacó que las agencias del Ministerio Público ya operan con atención las 24 horas, los siete días de la semana, como parte de una política de servicio permanente a la ciudadanía.
La funcionaria adelantó que hay convenios de colaboración en curso con las fiscalías de Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos para facilitar la ejecución de órdenes de aprehensión, y que próximamente se firmarán acuerdos similares con Ciudad de México, Estado de México y Guerrero.
En ese contexto, el gobernador Armenta confirmó que sostendrá una reunión esta misma semana con el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, con el fin de fortalecer los mecanismos de coordinación y blindaje institucional frente a amenazas del crimen organizado.
“Tenemos claro que sin una fiscalía fuerte y limpia, no se puede garantizar justicia ni paz”, afirmó Armenta, quien reiteró que esta depuración responde a un compromiso asumido desde el inicio de su administración.
Las autoridades estatales no precisaron cuántos funcionarios han sido separados de sus cargos hasta el momento, pero insistieron en que el proceso continuará “hasta donde sea necesario”, como parte de una estrategia de fondo para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
