Una red de jueces mercantiles y diligenciarios del Poder Judicial local, así como notarios y representantes de despachos de cobranza habría creado todo un concierto de complicidades para hacerse de una vivienda hipotecada desde hace 29 años por la cantidad de 100 mil pesos y obligar al deudor a pagar 2.8 millones por intereses devengados y costes de un juicio del que nunca fue notificado oficialmente.
Raúl Castillo y Ramírez, afectado por esta trama, reveló que las autoridades locales incurrieron en diferentes irregularidades, como validar la cesión de la cartera vencida entre particulares sin que existiera una autorización de origen por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como la apertura de un juicio mercantil y su sentencia condenatoria sin que hubiera notificación de por medio.
Ante la cascada de irregularidades, el agraviado presentó una denuncia penal en contra de Alba María Romano Hernández ante la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción, asentada en la carpeta de investigación 994/2020/FECC, por delitos contra la administración de justicia.
Sorpresivamente, explicó, la jueza décima especializada en materia mercantil fue removida del cargo y enviada al juzgado civil de Izúcar de Matamoros, pero la resolución que dictó sigue firme y la actual titular, Emma Mónica Garibay Hernández, se ha negado a revisar el expediente pese a las evidencias entregadas.
En el escritorio del magistrado Joel Sánchez Roldán, integrante del Consejo de la Judicatura, también se encuentra una queja presentada desde mayo de 2021 en contra de la jueza Romano Hernández, sin embargo, no ha tenido ningún avance. Allí también se incluyó al diligenciario José Ramón Mora, quien habría simulado la notificación del juicio en perjuicio del demandado.
ORIGEN ILEGAL
En 1993, Raúl Castillo y su pareja, solicitaron un préstamo hipotecario con el hoy extinto Banco Serfín por la cantidad de 100 mil pesos, los cuales utilizaron para cubrir el saldo de una nueva casa que habían adquirido. Como garantía dejaron la propiedad ubicada en la 16 A Sur 4511, fraccionamiento Reforma Sur, en esta ciudad.
Tras el error de diciembre que derivó en el desplome de la economía mexicana y el Efecto Tequila, la deuda se disparó a 240 mil pesos debido a que fue reajustada a Unidades de Inversión (Udis). Al hacerse imposible el pago, la deuda se mantuvo en los registros contables del banco.
Banca Serfín desapareció oficialmente en 2005 y fue adquirido por Banco Santander, pero la cartera vencida de la institución en la que se encontraba el crédito de Castillo y Ramírez, fue vendido a una firma de Guadalajara, denominado Macuilli Calpulli.
No obstante, la transacción no cumplió con la Regla Séptima de la Circular 1505 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), la cual establece que “las instituciones de crédito que deseen ceder o descontar su cartera o en general transmitir o afectar la propiedad de la misma… deberán solicitar autorización” a la Vicepresidencia de Normatividad de ese organismo.
Al presentarse ante Macuilli Calpulli para renegociar su adeudo, la firma nunca exhibió el poder que la CNBV debió otorgarles para ser reconocidos como los legales tenedores de la cartera vencida, por lo que las negociaciones fueron suspendidas.
Ese mismo año, Raúl Castillo recibió una invitación por parte del despacho de cobranza Gramercy, ubicado en la Ciudad de México, cuyos representantes le informaron que eran los nuevos poseedores de la deuda luego celebrar una cesión onerosa con Macuilli Capulli.
La propuesta de Gramercy consistía en un finiquito de 480 mil pesos, pero tampoco exhibieron físicamente el poder de la CNBV que lo validaba para cobrar la deuda. Por si fuera poco, para 2005 habían transcurrido los 10 años que establece la ley de adeudos para declarar prescrito el pasivo.
El tiempo siguió su curso y fue en 2013 cuando Raúl Castillo inició el proceso jurídico que diera fin al adeudo, pero fue informado que su propiedad estaba en un litigio iniciado en el Juzgado Noveno de lo Civil, bajo el expediente 1002/2013, en el que le requerían un pago de 1.6 millones de pesos.
La nueva argucia, a decir del afectado, incluía el uso de documentos falsos para justificar que hubo una notificación, tampoco pudieron exhibir “los documentos que reflejan los asientos contables de banca Serfín, en donde conste el saldo que se le adeudaba a dicha institución de crédito”.
Para colmo, el tribunal dejó en manos del demandado la obligación de presentar todas las pruebas sobre los dichos del despacho a pesar de que en 8 años nunca fue requerido para conocer las opciones de pago que le ayudaran a cumplir con el finiquito.
Con las modificaciones que hubo en el sistema judicial, el expediente fue turnado al Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil, que el 7 mayo de 2015 falló a favor de Gramercy y se ordenó un pago de 780 mil 192 pesos más los costos.
La prontitud de la resolución obedeció a que estaba por finiquitar el tiempo para declarar prescrita la deuda.
La resolución fue controvertida en todos los ámbitos judiciales, pero el 13 de febrero de 2020 el Juzgado Décimo Mercantil recibió la notificación de que José Tomás Hernández Pérez era el nuevo propietario de la cartera, la cual obtuvo mediante un cesión de “derechos de crédito, derechos de cobro, derechos litigiosos y derechos adjudicatarios”.
El contrato entre el sujeto y Gramercy quedó asentado en el instrumento 20,825, volumen 234, de la notaría 56 en la ciudad de Puebla, a cargo de Hilda Torres Gómez.
Fue allí en donde comenzó un nuevo calvario para Raúl Castillo, al sufrir nuevamente la simulación de notificación y una serie de enredos que derivaron en el pago de 2.8 millones de pesos, de acuerdo con la sentencia emitida el 12 de marzo de 2021.
Cansado de tantas anomalías, el afectado recurrió a la justicia federal para echar abajo todas las actuaciones irregulares cometidas en el proceso, el cual quedó radicado con el número 595/2021-VII-A.
De manera sorpresiva, Raúl Castillo y Tomás Hernández son informados que la nueva titular del Juzgado Décimo Mercantil era Emma Mónica Garibay Hernández. Durante todo 2021, el procedimiento judicial continuó y fue acompañado de una denuncia penal en contra de la jueza Alba María Romano Hernández.
Fue el 9 de febrero de 2022 cuando Raúl Castillo consigue un triunfo al conseguir una sentencia interlocutoria en la que se declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones, es decir, que nunca fue notificado oficialmente y todo fue una simulación. La resolución ordena, además, dejar sin efecto todas las acciones posteriores, entre ella la sentencia del 8 de abril de 2021 que lo obligaba a pagar los 2.8 millones.
Sin embargo, a decir del también abogado, el caso se encuentra estancado en el Consejo de la Judicatura que, en el fondo, tiene en sus manos la posibilidad de sancionar a la jueza que permitió la reactivación del caso a pesar de haber prescrito desde hace 18 años.
