Desde exgobernadores de Puebla hasta operadores políticos, funcionarios e integrantes de la burbuja del morenogalismo están en la mira del gobierno del estado, pues existen al menos 49 denuncias contra ellos por los delitos de desfalco, daño patrimonial y la firma de contratos leoninos que dejaron al estado sostenido sobre pinzas.
El combate contra la corrupción que heredaron las administraciones Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad ha crecido durante la gestión de Miguel Barbosa Huerta, pues en tan sólo un año la cifra de carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía General del Estado pasó de 12 a 49.
El daño patrimonial que se desprende de estos procesos penales asciende a 647 millones 874 mil pesos, así como el robo de las lajas históricas del Zócalo de Puebla, además de tornillos de la Estrella de Angelópolis.
De acuerdo con el documento entregado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta al Congreso del estado hace unos días, la mayor cantidad de denuncias se presentaron en torno a la firma de contratos para la edificación del Centro Integral de Servicios. La actual gestión estatal consideró que 20 exfuncionarios habrían permitido la construcción del recinto de manera irregular y propiciar un quebranto de las finanzas públicas al pactar un convenio, pagadero hasta el 2038, bajo un esquema ventajoso solo para la empresa privada beneficiada.
Por otra parte, la administración barbosista inició 12 procesos penales por los trabajos de reconstrucción a consecuencias del sismo de septiembre de 2017. Las autoridades manifestaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que hay indicios de una malversación de 204 millones de pesos en obras pagadas y no realizadas. El organismo responsable de dicha anomalía fue el Comité Administrativo Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
Otra docena de carpetas de investigación se inició por la presunta entrega irregular de concesiones de familiares y amigos de exfuncionarios morenogalistas para que pudieran usufructuar, a través de negocios franquiciatarios, los espacios públicos en parques y jardines.
Las 12 denuncias se dividen en dos penales, cuatro administrativas y seis de carácter civil en contra de los beneficiarios por el incumplimiento de pagos por la renta de los espacios.
Un caso ejemplar de corrupción perseguida es la Estrella de Puebla, en donde la empresa contratada para el servicio de mantenimiento se habría robado piezas importantes y no se realizaron las labores de preservación. Esto obligó al actual gobierno del estado a reorientar 100 millones de pesos para la reparación de la estructura, principalmente su base.
Otra denuncia penal iniciada fue por el robo de las lajas originales del Zócalo de la ciudad de Puebla por parte de administraciones municipales de extracción priistas. Tras anunciarse la rehabilitación de esa zona por parte de la gestión de Claudia Rivera Vivanco se descubrió que las piezas habían sido sustituidas por nuevas, mientras que las piedras históricas eran comercializadas por internet y alojadas en una unidad habitacional.
El exgobernador José Antonio Gali Fayad sobre todo por las anomalías detectadas en la forma en que fue utilizado el seguro contra desastres naturales, contratado por la administración estatal. Tras el terremoto de 2017, el dinero fue utilizado para fines distintos, por lo que se procedió en su contra y de otros exfuncionarios estatales.
Finalmente, la remodelación del Centro Expositor, en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, derivó en un proceso penal. Uno de los involucrados en el presunto desvío de recursos fue detenido a mediados de este año, quien detentaba el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Alfonso Siriako Guillen Almaguer, quien se encuentra vinculado a proceso.
