Un total de 17.6 millones de pesos de daño patrimonial en su Cuenta Pública de 2022 fue la herencia de Irene Olea en el municipio de Izúcar de Matamoros al concluir su gestión como alcaldesa: la contratación de un sistema de vigilancia sin presentar documentos de adjudicación, falta de evidencia que justificara la supuesta difusión de acciones en medios de comunicación, así como la falta de información sobre cómo se otorgaron ayudas y subsidios, fueron sólo algunos vacíos detectados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en ese año.
Lo anterior se suma a un daño patrimonial causado al municipio durante el 2021 por otros 24.9 millones de pesos, monto que, aunque fue ejercido en la administración de su antecesor, Benjamín Hernández Lima, la ASE determinó que la exalcaldesa no logró entregar cuentas claras a la auditoría estatal respecto al uso de esos recursos, toda vez que ella se encargó de concluir el ejercicio fiscal de ese año.
Al sumar ambas Cuentas Públicas, Irene Olea no habría aclarado el uso de recursos por 42.5 millones de pesos, esto sin tomar en cuenta que a la fecha la ASE no ha emitido el informe individual de los años 2023 y 2024, lo que podría agravar las anomalías en su contra.
MAR DE OBSERVACIONES EN SU PRIMER AÑO
La administración municipal en Izúcar de Matamoros, que encabezaba Irene Olea, enfrentó severas observaciones por parte de la ASE en su cuenta pública fiscal 2022. Un primer daño patrimonial respondió a la cantidad de 2.5 millones. Entre los contratos más cuestionados se encontró la adquisición de suministros para el comedor del DIF, donde se determinó que el dictamen de excepción a la licitación pública carecía de la debida justificación, mientras que en la compra de equipo y botiquín para protección civil, se detectó la presentación de un contrato distinto al inicialmente remitido.
Las inconsistencias no se limitaron a la adjudicación de contratos. Los oficios de suficiencia presupuestal carecían de los detalles necesarios, mientras que el Órgano Interno de Control del municipio también incurrió en omisiones al no presentar el escrito que acreditara la supervisión sobre el presupuesto.
El segundo hallazgo de la ASE involucró un probable daño patrimonial por 2 millones 031 mil pesos, donde el Ayuntamiento, al contratar con un proveedor la compra de hojas membretadas, omitió presentar pruebas de recepción de los materiales y el reporte de entradas y salidas del almacén, para determinar si realmente era necesaria esta adquisición.
Situaciones similares se encontraron en la compra de equipo electrónico, uniformes y material eléctrico. En el caso del contrato CMA-006/2022, la administración no entregó el inventario ni evidencia de instalación de un equipo de interconexión “Switch TP-link gigabit ethernet”, lo que impidió verificar su existencia y funcionalidad.
También se detectaron irregularidades en la compra de uniformes con el contrato CMA008/2022, pues no se presentó una relación de beneficiarios ni evidencia de la calidad de los bienes entregados.
Un tercer daño patrimonial fue por 2.4 millones de pesos, que involucraron desde la difusión en radio e internet sin pruebas de transmisión hasta la compra de juguetes sin constancia de entrega.
Uno de los casos más escandalosos fue el contrato de 839 mil pesos para la organización de eventos, en el que no se presentaron facturas, pólizas contables ni evidencia de que el servicio se haya llevado a cabo.
A esto se sumaron diversas adquisiciones por más de 1 millón de pesos en publicidad digital y radiofónica sin rastro de ejecución, dejando en el aire el destino de los recursos públicos. Además, el gasto de 245 mil pesos en equipo de videovigilancia careció del proceso de adjudicación.
Por otro lado, un cuarto daño patrimonial fue por más de 3 millones de pesos en ayudas y subsidios, cuyo uso no se aclaró debido a la falta de documentación que justificara su entrega. El Ayuntamiento de Irene Olea omitió identificar a la población beneficiaria, la temporalidad de los apoyos y el propósito de los mismos, incumpliendo lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La ASE detectó un daño patrimonial por 1.2 millones de pesos que fueron ejercidos en contratos sin evidencia de cumplimiento. Mamparas para exposiciones, equipo fotográfico, muebles, cristalería e incluso una unidad médica de traslados aparecen en los registros contables, pero no hay pruebas de que realmente hayan sido entregados. A la irregularidad en las compras se suma que los contratos fueron adjudicados sin licitación pública, pero las excepciones a este procedimiento no cuentan con sustento legal.
El último perjuicio a la hacienda pública fue por 6.3 millones de pesos. Particularmente fueron escandalosos los contratos de organización de eventos y servicios de impresión, en los cuales no se presentaron pruebas que corroboraran la correcta ejecución de los contratos.
La omisión de las bitácoras de control, la falta de registros de los servicios prestados, la ausencia de justificación sobre los viajes de recolección de basura, el uso de equipos de alquiler, así como contratos vinculados a la adquisición de juguetes y materiales de uso público, como lonas y boletos, también carecieron de la debida documentación.
