La Justicia argentina otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en obras públicas durante su gestión (2003-2015).
La medida responde a razones humanitarias presentadas por la defensa, que incluyó su edad (72 años), su condición de exjefa de Estado y el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El equipo legal consideró innecesario el uso de tobillera electrónica y solicitó su cumplimiento en el domicilio del barrio Constitución, en Buenos Aires.
Los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola se opusieron a la prisión domiciliaria, argumentando que:
“Conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no una obligación.”
Afirmaron que no existen motivos suficientes para una medida tan excepcional, y que el lugar propuesto representa riesgos por ser zona de alta concentración.
Preocupación en la Ciudad de Buenos Aires
La Procuración General porteña advirtió que cumplir la condena en ese domicilio podría afectar la movilidad, seguridad y servicios públicos del área.
La expresidenta ya había anunciado que se entregaría voluntariamente el 18 de junio. La resolución judicial se conoció un día antes.
Sectores del peronismo exigieron respeto a la figura de Fernández de Kirchner, rechazando cualquier “show judicial”. Se espera una movilización masiva frente a los tribunales federales como señal de apoyo a la exmandataria y de rechazo al gobierno de Javier Milei y al Poder Judicial.
