En Puebla, se castigará la usurpación de identidad, el fraude cibernético, el espionaje digital y el ciberacoso. El Congreso de Puebla aprobó tipificar estos delitos mediante una reforma en materia de ciberseguridad, impulsada por el coordinador de gabinete, José Luis García Parra.
La propuesta fue aprobada con 35 votos a favor de los diputados de Morena y aliados. Votaron en contra cinco legisladores del PAN y hubo una abstención de Movimiento Ciudadano.
Ahora, las víctimas de ciberacoso en redes sociales podrán denunciar bajo esta nueva figura legal, con penas de 11 meses hasta tres años de prisión, y multas de 5 mil a más de 33 mil pesos.
“Comete el delito de ciberacoso quien, mediante tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico o espacio digital, insulte o denigre a otra persona con insistencia que cause daño físico o emocional”, señala el dictamen.
La pena aumentará si la víctima es menor de edad, al tratarse de personas en desarrollo psicoemocional y físico.
Delitos cibernéticos con sanciones específicas
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La usurpación de identidad digital, con fines de lucro o daño patrimonial o moral, tendrá penas de seis a ocho años de prisión.
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El delito de grooming, cuando un adulto establece contacto con menores vía redes para fines sexuales, será castigado con 15 meses hasta cinco años de cárcel.
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Quien se haga pasar por una institución financiera para obtener datos personales o beneficios económicos será sancionado con seis a tres meses de prisión.
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El espionaje digital, es decir, el acceso no autorizado a sistemas informáticos con intención de obtener información personal, se castigará con uno a tres años de prisión.
Tras la aprobación, García Parra celebró en su cuenta de X que ya es ley, y aseguró que el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, hará cumplir la legislación con firmeza y sentido humano.
Durante el debate, la diputada Graciela Palomares Ramírez denunció ser víctima de ciberacoso, afirmando que ha sido objeto de insultos y violencia digital, con comentarios misóginos y ofensivos que denigran su labor pública.
La discusión se tornó tensa cuando las diputadas Susana Riestra Piña (PAN) y Delfina Pozos Vergara (PRI) argumentaron que la tipificación del ciberacoso podría coartar la libertad de expresión.
Laura Artemisa García Chávez, coordinadora de Morena, desmintió esas acusaciones afirmando que:
“Es completamente falso que esta reforma coarte la libertad de expresión. Solo será delito cuando se configure un ataque sistemático con intención de daño”.
Añadió que esta legislación representa un avance crucial para proteger a las infancias en redes sociales, quienes son las más afectadas por el ciberacoso.
