Mediante las empresas factureras ligadas a Florentino Daniel Tavera Ramos, investigadas por lavado de dinero y evasión fiscal, exfuncionarios de gobierno ocultaron malos manejos, como desvíos de recursos, y encubrieron actos administrativos irregulares para beneficiar a terceras personas, como empresas o periodistas.
Lo anterior según señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al referirse a la entrega de 280 contratos millonarios a 13 empresas que se encuentran bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la presunta triangulación de recursos con destino a nueve países en últimos cinco años.
El mandatario recalcó que la actividad de Florentino Tavera ha sido la de vender facturas, y los gobiernos y organismos que requirieron sus servicios lo hicieron para encubrir malos manejos, por lo que ya se investiga la colusión que tuvo con administraciones anteriores.
“Era un facturero, ha sido un facturero, al parecer, supuestamente, entonces ahí donde aparecen facturas de sus empresas hubo malos manejos, y creo que las autoridades ya lo deben estar investigando”, dijo.
De acuerdo con la investigación de Iván Rivera, publicada este miércoles en Hipócrita Lector, los contratos millonarios que obtuvieron algunas de las 13 compañías fueron entregados por políticos con nexos con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.
El legislador federal morenista se vio involucrado en la red de empresas creadas en tan solo 22 meses, como parte de la trama que la UIF puso al descubierto por la presunta comisión de delitos fiscales. La investigación también apuntó al director de Diario Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega -socio de Mier y actualmente preso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita- y al exauditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, también en prisión desde febrero de este año.
Incluso, el hijo de Ignacio Mier, Carlos Ignacio, entregó contratos a las empresas factureras de Florentino Tavera, cuando era director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE). Hoy es presidente municipal de Tecamachalco.
Otros actores que beneficiaron a estas empresas señaladas por la UIF son Rodrigo Abdala Dartigues, exdelegado de Bienestar en Puebla y sobrino del exgobernador Manuel Bartlett Díaz, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y, entre otros, Ricardo Gutiérrez Loyola, quien estuvo a cargo del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, organismo que benefició a Tavera Ramos al entregarle contratos a 11 compañías en las que funge como apoderado legal.
Dicho organismo entregó 54 contratos a las siguientes compañías: Comercio y Servicios de Consultoría Nasas; Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estratégico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel; Horus, planeación Comercial y Asesoramiento Comercial; Obras Civiles Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF; Siniigna Construcciones e Infraestructura, así como Consultores Comerciales y Administrativos la Noria.
De acuerdo con el gobernador, en donde las autoridades se encuentren alguna factura expedida por alguna de las compañías del “facturero” Florentino Tavera, se hallarán también actos administrativos irregulares, ya que precisamente los servicios que prestaban sus compañías servían para ocultarlos.
“Donde aparece una factura expedida por empresas mencionadas, se trata de facturas irregulares y se contrataron estas facturas, la expedición de estas facturas para cubrir actos irregulares, y ahí pónganle nombre a todos”, indicó Miguel Barbosa.
La expedición de facturas irregulares alcanzó también a los partidos políticos como Nueva Alianza, PRI, PAN, así como ayuntamientos, tribunales y algunas universidades, sin embargo, los contratos con las empresas de Florentino Tavera no fueron transparentados.
Estas facturas también se utilizaron para desviar recursos mediante malos manejos administrativos, con la finalidad de beneficiar a terceras personas: empresas, periodistas o servidores públicos, según lo sugirió el mandatario estatal.
“Si habría que cubrir un apoyito de esos que luego se daban a determinadas personas o empresas, la empresa o la persona, periodista o no, servidor público o no, iban y le pedían una factura a estas empresas de Florentino N.”, reveló Barbosa Huerta.
La relación de estas empresas que generaron ingresos para triangularlos a paraísos fiscales en el extranjero, forman parte de las investigaciones que se desprenden de la indagatoria iniciada por la UIF. “Estas investigaciones que ustedes las obtienen de la investigación general de la UIF, ya están siendo recogidas por autoridades en el ámbito de sus competencias”, añadió el mandatario.
