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viernes, diciembre 6, 2024

Con armas largas impone sus “obras” empresario Gilberto Villa Huerta

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En un paraje de la Sierra Norte de Puebla, en medio de un terreno boscoso, donde apenas poco más de mil 500 personas cohabitan, vecinos de las juntas auxiliares de Patlaltoyeca y San Miguel Acuautla reconocen al empresario hotelero Gilberto Villa Huerta como el responsable de enfocar sus baterías en cometer devastaciones ecológicas para favorecerse con recursos económicamente.

De ahí que, en al menos tres carpetas de investigación, Villa Huerta es acusado por cometer diversos actos ilícitos que van desde allanamiento, destrucción de propiedad privada, violación de sellos de clausura, apropiación de agua e inclusive delincuencia organizada, al presuntamente enviar a civiles armados en las inmediaciones de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, en la zona limítrofe con su propiedad, a fin de intimidar a vecinos. 

Solo unos metros son los que dividen su propiedad de dicha zona federal protegida, colindancia que le ha permitido extenderse con la intención de construir viviendas de interés social sin licencias ni permisos de impacto ambiental, así como conectarse a tuberías para suministrarse de agua que corre en el manantial de la localidad, sin pagar un solo peso. 

Dos carpetas de investigación ante el Ministerio Público federal, así como una en la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de allanamiento, ya pesan en el historial del empresario huauchinanguense, en tanto que una orden de restricción ha intentado frenar su intención de construir viviendas de interés social en plena zona federal protegida, aunque sin mucho éxito. 

 

SUSTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE

El ecocidio provocado por Gilberto Villa tuvo su origen desde 2017, cuando habitantes de la comunidad de Patlaltoyeca acusaron al empresario por haberlos dejado sin el suministro de agua, toda vez que el hotel de su propiedad se había conectado a una red general sin pagar al comité administrador por el líquido. 

Villa Huerta aprovechó desde entonces que el predio donde se ubica su hotel se encontraba cerca de una corriente de manantial y ahí conectó su sistema hídrico para abastecer a su propio negocio. 

Los años pasaron y en 2019, hastiados por el poco suministro de agua potable, los vecinos inconformes decidieron interponer las primeras quejas contra Villa, por lo que dirigieron múltiples oficios a instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

Los oficios fueron firmados y sellados por todas las instancias y sus diferentes titulares, pero Gilberto Villa continuó abasteciéndose de agua impunemente, situación que fue solapada por el presidente municipal, Rogelio López, al dejar la responsabilidad de investigar y sancionar a los gobiernos estatal y federal. 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, estas actividades de “aguachicoleo”, son merecedoras de sanciones administrativas para personas que no cuenten con títulos de concesión y aun así vendan o extraigan agua potable de redes de distribución, pozos, ríos y lagunas. 

 

ECOCIDIO Y CONSTRUCCIÓN

La conducta delictiva cometida por Gilberto Villa Huerta continuó en años posteriores. El empresario también optó por cometer un ecocidio al talar árboles en la zona protegida localizada en el kilómetro 102.5 de la carretera federal Xicotepec de Juárez-Huauchinango, frente a la población de Patoltecoya. 

Con maquinaria pesada y obreros, comenzó los preparativos para arrancar con un proyecto de construcción del fraccionamiento “Vista Hermosa”, del cual acusan los inconformes, ya fueron construidas 60 casas sin los permisos ni licencias correspondientes. 

En un escrito dirigido al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, enviado apenas el 24 de julio de este año, señalaron que este predio donde se pretende construir el fraccionamiento es de uso forestal y se ubica en zona de riesgo, al estar junto a una barranca. 

La situación preocupó a tal grado que expusieron en el mismo oficio, con esta obra se está cometiendo también la “destrucción e invasión ilegal” de los predios donde se encuentran los manantiales de la región. 

El tiempo dio la razón a los habitantes de Patoltecoya y San Miguel. Personal de la Profepa acudió al lugar y comprobó las versiones de los colonos, por lo que colocó una lona de grandes dimensiones con la leyenda de “clausura” además de aplicar una multa económica. 

Lo anterior, toda vez que el empresario violó el artículo 28, fracción XI, así como en el artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual establece que las obras y actividades en las áreas naturales protegidas, deben contar previamente con la autorización de impacto ambiental. 

El artículo 171 de la misma Ley también establece que el responsable de las obras puede ser acreedor a multa equivalente de 30 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización vigente, así como la imposición de la clausura temporal o definitiva, total o parcial. 

VIOLAN SELLOS

Poco importó para el empresario de Huauchinango la intervención de la Profepa al haber sido merecedor de una clausura y multa económica, toda vez que a los pocos días de que el personal de la dependencia se fue del lugar, a escondidas, Gilberto Villa comenzó a infiltrarse para continuar con los trabajos de obra pública en su intención de construir el fraccionamiento en mención. 

Videos y fotografías en poder de Hipócrita Lector muestran la presencia de retroexcavadoras en el lugar de los trabajos, a pesar de que fue colocada una lona de clausura. También se aprecia el momento en el que, con materiales y equipo, hombres descienden de una camioneta y retiran el anuncio de restricción. 

La continuación de los trabajos pese a la prohibición de la Procuraduría Federal, violó la orden de restricción con número de oficio 288/2023/HUAUCHI, al haber destruido además muros y portones para ingresar a los predios en disputa. 

Debido al quebrantamiento de sellos, la Profepa está facultada para interponer denuncias penales ante el Ministerio Público Federal, así como el Código Penal Establece, en su artículo 187, que “al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública se le aplicarán de 30 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad”. 

SUJETOS ARMADOS IRRUMPEN EN ZONA PROTEGIDA

La “cereza del pastel” en el mosaico de arbitrariedades cometidas por el hotelero poblano, recae también la presencia de sujetos armados que se han apostado en la zona protegida y han buscado infiltrarse en propiedades privadas para amedrentar a otros propietarios de terrenos. 

En un video entregado a este medio de comunicación, un integrante de la mesa directiva del Comité de Agua de la Junta Auxiliar de Patoltecoya, cuestiona a varios hombres de por qué habían quebrantado sellos y se brincaron una reja para entrar a la zona protegida. 

El sujeto que se identificó como Juan Ramón Hernández, justificó que estaba “revisando” el acceso a su predio y el de su vecino, sin embargo, con él se encontraban al menos ocho hombres, de los cuales al menos uno portaba un arma larga. 

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