Antes de enfocarse en sus aspiraciones para contender por la candidatura al gobierno de Puebla por Morena, la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco deberá concentrarse en su proceso penal por el delito de discriminación contra la exconsejera jurídica Yasmín Flores Hernández, pues en caso de encontrarse culpable podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión.
El juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Puebla, Joel Daniel Baltazar Ávalos, citó a la expresidenta municipal de Puebla a la audiencia de formulación de imputación por el probable delito de discriminación, para el próximo 31 de mayo de este año, a las 9:00 horas, en la Casa de Justicia de la capital poblana.
El abogado del Ministerio Público, Raúl Maldonado Zurita, solicitó la formulación de imputación contra la denunciada por incurrir en el delito marcado en el artículo 357 fracciones III y IV del Código Penal del Estado, por negar los derechos laborales de la extrabajadora del Ayuntamiento de Puebla.
“III.- Veje o excluya persona alguna o grupo de personas; y
“IV.- Niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en este numeral, además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”, establece el Código Penal de Puebla.
El juzgado hizo de su conocimiento a Claudia Rivera el acceso a la carpeta de investigación previo al desahogo de la audiencia, a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Contra la Familia; además de que se le invita a comparecer ante la oficina encargada de recopilar información para evaluar riesgos y supervisar medidas cautelares.
En agosto del 2020, la exconsejera jurídica interpuso, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto Electoral del Estado y la Comisión de Derechos Humanos, una denuncia por violencia política de género, hostigamiento, discriminación y acoso laboral por parte de Claudia Rivera Vivanco y René Sánchez Galindo.
Yasmín Flores se desempeñaba como coordinadora ejecutiva de la presidencia municipal desde el 16 de octubre del 2018; sin embargo, en ese puesto comenzó a sufrir de discriminación laboral, ya que pese a ocupar el mismo cargo que sus compañeros hombres Javier Palou García y Andrés García Viveros, como coordinadores ejecutivos, percibía una remuneración menor a la de ellos, por alrededor de 10 mil pesos.
A inicios de 2020, Claudia Rivera exigió su renuncia al cargo argumentando que “ya no le funcionaba como consejera jurídica”, debido a que “necesitaba del carácter de un hombre”, sin embargo, se negó a presentarla, por lo que sufrió de actos ese acoso por la Secretaría de Gobernación.
En este puesto, la alcaldesa la hizo encargos relacionados a su condición de mujer o fuera de su área, como solucionar el conflicto con los vendedores de la Central de Abasto de la capital, cuestión que pudo resolver y que le generó rencores dentro de la administración municipal morenista.
Yasmín Flores ha detallado en diferentes ocasiones que un vehículo adscrito a la Secretaría de Gobernación comenzó a seguirla en horario laboral y en días de descanso en julio de 2020, tomando fotografías de ella y de su familia, por un lapso de dos meses.
Al finalizar la entrega-recepción de su cargo, la exconsejera jurídica detectó que la dependencia, a nombre de Margarita Rodríguez Daruich buscaba cambiar de área el vehículo para evitar que se detectara el uso que le estaban dando.
Tras interponer sus denuncias ante el TEEP, FGE y CDH, transcurrieron casi dos años sin que se atendieran, solo se encontraban en etapa de substanciación con medidas cautelares como la protección con guardias y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
En septiembre del año pasado el TEEP se declaró incompetente para resolver de la denuncia, a pesar de que ya habían substanciado la carpeta y habían desahogado audiencias y presentación de pruebas y alegatos.
Tras esto, Yasmín Flores impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para controvertir la decisión, y la Sala Regional Ciudad de México revocó la sentencia y ordenó al TEEP resolver de nueva cuenta, pero con perspectiva de género, pues ya se habían deliberado todas las etapas del proceso.
En enero de este año, los magistrados electorales locales resolvieron que Claudia Rivera sí había incurrido en violencia política en razón de género contra Yasmín Flores y se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política por un periodo de cuatro años y cuatro meses, lo que impide su participación en un proceso electoral.
No obstante, tras este fallo, Yasmín Flores fue víctima de amenazas y hostigamiento vía telefónica y redes sociales, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para que su denuncia penal avance, petición que fue atendida por el fiscal Gilberto Higuera Bernal y ordenó a la Fiscalía de Género recibir a la denunciante y revisar el por qué su carpeta se encontraba sin avances.
