El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinó que Claudia Rivera Vivanco incurrió en violencia política de género en contra de las mujeres, por lo que ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo que impedirá su participación en el proceso electoral 2023-2024.
En sesión pública, los magistrados aprobaron por unanimidad de votos la resolución de la denuncia interpuesta por Yasmin Flores Hernández, ex consejera jurídica del Ayuntamiento de Puebla, en contra de Rivera Vivanco y René Sánchez Galindo, ex secretario de Gobernación Municipal.
En la ponencia se expuso que Rivera Vivanco sí incurrió en violencia política de género por cumplir con los elementos que actualizan este tipo de violencia.
En la sentencia se ordena que Rivera Vivanco sea inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia de género, y que se emita una disculpa pública para la ex trabajadora del Ayuntamiento de Puebla.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) todos los servidores públicos y actores políticos que incurran en violencia política de género con sentencia firme deben ser inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo mínimo de tres años.
Asimismo, el Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla establece que la inscripción como candidato a un cargo de elección popular será negado a quienes estén inscritos en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género.
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al TEEP en septiembre del 2022 reabrir la investigación en contra de Rivera Vivanco, ya que el órgano local se había declarado incompetente para conocer de la denuncia.
En su denuncia, Flores Hernández explicó que sufrió de violencia política de género al percibir un salario menor al de sus compañeros hombres en la consejería jurídica de la presidencia, Javier Palou García y Andrés García Viveros, quienes desempeñaban el mismo cargo que ella.
Además, Rivera Vivanco le solicitó su renuncia al cargo para poner a un hombre en el perfil, pero al negarse a entregarla sufrió actos de hostigamiento con un vehículo del municipio.